La Comisión Especial Legislativa para investigar todo lo relacionado con la denuncia al Tratado de Libre Comercio con Taiwán se centró ayer en si la decisión que se tomó de sancionar el acuerdo comercial fue constitucional o no.
Para mañana miércoles a las 11:00 a.m. están invitados miembros del Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucionales, regional El Salvador, así como expertos en derecho constitucional como el ex magistrado Rodolfo González, Enrique Borgo Bustamante y Francisco Bertrand Galindo, para analizar cómo se dio la denuncia.
“Son constitucionalistas de gran trayectoria en el país, para que vengan a explicar si realmente el procedimiento que ellos (el Gobierno) hicieron para la denuncia del tratado era legal o debía haber pasado por la Asamblea Legislativa”, dijo la diputada por ARENA, Marcela Villatoro, presidenta de la comisión.
Para el diputado del partido FMLN, Damián Alegría, el punto clave que se debe estudiar es si la Asamblea Legislativa tiene competencia en el tema de la denuncia del TLC con Taiwán.
“Los tres Órganos del Estado tienen independencia, debe haber colaboración, pero tienen independencia”, destacó Alegría.
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Este ha sido el tema que ha dominado la polémica luego de la denuncia del tratado por parte del Gobierno.
“Creo que el mecanismo correcto es terminarlo en el congreso, porque de alguna manera este tratado es una Ley secundaria del país y en consecuencia si va a dejar de ser una ley, debe pasar por la Asamblea”, destacó el experto en derecho constitucional Francisco Bertrand Galindo.
Enfatizó que si para hacerlo ley fue necesaria una ratificación legislativa, para que deje de ser ley también debe existir una ratificación del Órgano Legislativo.
“Aquí lo que complica es que se ha manejado todo en secreto, sin la transparencia que debería tener”, detalló Bertrand Galindo.
El economista y experto en formulación de Tratados de Libre Comercio, Rigoberto Monge, también detalla que el proceso debió pasar por la aprobación del Órgano Legislativo.
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“La negociación de los TLC es una competencia del Órgano Ejecutivo, por el presidente de la república o el funcionario que él designe”, aseguró.
“Básicamente todos los TLC que El Salvador tiene han sido una decisión política del Ejecutivo, inclusive nosotros como el sector privado, siempre nos hemos quejado que no se nos ha consultado”, detalló Rigoberto Monge.
La negociación técnica de todo el contenido de los TLC, por mandato del reglamento interno del Órgano Ejecutivo, es una competencia del Ministerio de Economía, quien a la vez coordina con las demás instituciones públicas.
Aun cuando el Ministerio de Economía termina la negociación de un Tratado de Libre Comercio, el acuerdo comercial no tiene ningún valor legal en el país hasta que pase por la Asamblea Legislativa.
“Para que lo tenga es necesario que el Ejecutivo lo envié a la Asamblea Legislativa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el mismo sea ratificado”, destacó el economista.
Remite además al artículo 142 de la Constitución de la República donde reza que “para interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación”.
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Es decir que si la ley del TLC nació bajo la ratificación de la Asamblea Legislativa, para su derogación igual debió pasar por el pleno.
La comisión espera establecer por lo menos tres sesiones por semana, tomando en cuenta que antes del 15 de marzo debe darse el informe de la comisión.
Para el próximo viernes 1 de marzo, se llamará además a sectores productivos como la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (Cifacil), que encierra a los rubros de comercio e industria, que más han sido vulnerados, así como expertos en TLC como el economista Rigoberto Monge.