La comisionada, Herminia Funes, finalizará, junto a dos de sus colegas, su periodo al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) e hizo un repaso general del trabajo que hicieron en los últimos seis años. Estar al frente del IAIP fue gran reto, sobre todo porque comenzaron de cero a aplicar una ley totalmente nueva.
Al volver la vista atrás y valorar el trabajo que han hecho, Funes dice que finalizará su periodo de seis años con muchas satisfacciones; pero también se irá sabiendo que se pudo haber hecho más para que todos los sectores sociales conocieran la Ley de Acceso a la Información.
También se irá convencida de que los nuevos comisionados tienen mucho trabajo por hacer, sobre todo, porque lo funcionarios siguen teniendo arraigada la práctica de ocultar, y “creer” que la información pública les pertenece.
¿Cuál fue el reto de los comisionados en el funcionamiento del Instituto? ¿Qué implicó toda la logística para implementar el trabajo?
Cuando nosotros fuimos electos y empezamos el trabajo, no teníamos nada. A esto súmele que, si bien es cierto había un presupuesto para el Instituto, pero no lo teníamos liberado, entonces empezamos a trabajar sin presupuesto. Estamos por cumplir seis años y como Instituto tratamos de hacer el trabajo de la manera más responsable que se tuvo y contando con los recursos que nos fueron asignados.
¿Cuánto tiempo les llevó establecer toda la logística para atender el primer caso?
Al mes de haber sido nombrados ya estábamos conociendo los primeros casos.
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Había una gran expectativa del trabajo que iba a realizar el Instituto. ¿Hubo mucho demanda de los ciudadanos?
Sí hubo demanda, y quiénes hacían uso? Colegas periodistas, abogados, investigadores y ciudadanos que buscaban información que socialmente les fuera útil. Los casos van en aumento. Nosotros reconocemos que hay una deuda de parte del Instituto para hacer más campaña para el uso de la ley.
¿Con los casos que han conocido, las instituciones tienen arraigada la costumbre para no dar la información de lo que hacen?
Sin duda. Nosotros sí lo decimos y lo reconocemos: estos años en los que el país había estado trabajando, donde las instituciones estaban acostumbradas a hacer lo que quisieran, a administrar los fondos públicos como ellos quisieran, y que venga ahora una ley que lo obligue a usted de publicar, incluso la agenda que el funcionario público tiene, por supuesto que no es de la gracia de ningún funcionario. A mi llama mucho la atención cuando tanto funcionarios públicos como funcionarios del sector privado hablan tanto del tema de la corrupción y transparencia, cuando a ellos les toca rendir cuentas no les gusta y yo creo que en la medida que nosotros no reconozcamos como país que es un tema que tenemos que combatirlo de manera frontal no vamos a buscar los mecanismos idóneos. Peso sí, esa negativa de los funcionarios a transparentar, es grande.
Todavía hay mucha arbitrariedad en las instituciones públicas para dar a conocer la información?
Todavía hay resistencia y se siguen amparando mucho en la reserva de la información, en la confidencialidad; pero lo que es más grave, en la inexistencia de la información. ¿Porqué hay una inexistencia? Porque no tenemos una cultura archivística, porque la regla en el país era desaparecer la información, quemar la información y era una práctica no solo de alcaldías, en muchas instituciones el funcionario se retira y se lleva la información; esa práctica nos ha quedado. Cómo nos sacudimos esa cultura en la que el funcionario público piensa que la información y los fondos públicos le pertenecen? Lograr eso no va a ser una tarea fácil.
Cuando se aprobó la ley, uno podría pensar que solo acudirían profesionales. ¿Ha llegado el ciudadano común al Instituto?
Sí. Está el caso de una madre que quería conocer el medicamento que le aplicaron a su hijo y que lo dejó con un daño cerebral irreversible; la personas pasó más de siete años pidiendo la información a la entidad médica donde había nacido el niño, y no se la dieron. A través de la ley de acceso a la información la madre logra obtener el nombre del medicamento que le pusieron al recién nacido, ya con esa información ella puede acudir a otras instancias para hacer otros derechos. Pedía el expediente, lamentablemente ya no lo pudo recuperar pero sentó un precedente porque el ISSS ha mejorado increíblemente en el tema de expedientes y archivos.
¿Qué cubrirían básicamente?
Le estamos apostando a fortalecer la Unidad Jurídica con más resolutores. La Unidad de Cumplimiento, una sola persona, es la que tiene que darle seguimiento a que se cumplan las resoluciones que emite la institución; la Unidad de Fiscalización tiene dos personas y al final se nos cuestiona porque hay pasantes.
¿Cuál ha sido en estos año la institución que más ha sido demandada?
Yo pudiera mencionar muchas. Hay algunas que en advenimiento entrega la información y ya no llegamos a la última etapa. Pero de las instituciones que con mayor frecuencia las personas han venido pueden ser la Policía Nacional Civil, la FGR, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa; en un primer momento estuvo el ISSS, tuvimos al Ministerio de Educación, la misma Universidad de El Salvador, en su momento el Ministerio de Trabajo.
¿Han acudido ciudadanos queriendo conocer los gastos reservados del gobierno o partida secreta?
Sí. Estamos conociendo un caso. Recientemente ciudadanos que han pedido de manera puntual información sobre la Partida Secreta, es un caso que estamos conociendo.
¿Siguen las instituciones amparándose mucho a la reserva?
Así es, y mucha de esta reserva cuando vienen al Instituto y no logran sostenerla... nosotros hemos insistido con la prensa, si alguien viene con una reserva y demuestra la temporalidad, la legalidad, la razonabilidad, entonces procede; pero con uno de estos requisitos que esté ausente, es una reserva que se cae.