Funde advierte estancamiento en lucha contra la corrupción

La institución también ve como materia pendiente la ejecución de exámenes especiales de auditoría a los gastos reservados, o partida secreta, que maneja el ejecutivo.

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20 December 2018

Un retroceso en el combate a la corrupción y opacidad por parte de las instituciones del Estado para poder contribuir a esta lucha es el saldo que deja el 2018, según consideró la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

En materia civil, el coordinador del Centro de Asesoría Legal de Funde, Jaime López, no se mostró optimista con los procesos de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios actuales o anteriores que inició a investigar la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En el último año, de 12 procesos que fueron considerados por la Corte Suprema de Justicia, 11 fueron exonerados”, aseguró López.

Para el coordinador del Centro de Asesoría de Funde, el problema es que la Corte Suprema de Justicia aplica reserva a los casos que fueron exonerados y no pueden ser del conocimiento de la ciudadanía.

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La directora de Transparencia de Funde, Jessica Estrada, dice que con la reserva que impuso la CSJ de los juicios “esta información nosotros no podemos tenerla para poder saber porqué se exoneraron y si ameritaba continuar un proceso de otro tipo”, dijo.

Otra de las críticas de Funde es que la Sala de lo Civil, en el caso que se seguía contra el diputado Reinaldo Cardoza, lo exoneró de responsabilidad por considerar que no manejó fondos públicos, “pero no porque haya comprobado que los bienes hayan tenido un origen legal”.

Según López, con la interpretación de la Sala de lo Civil, en el futuro lo que ocurriría es que solo podrían ser procesadas las personas que directamente han firmado cheques y no a las personas que toman las decisiones sobre lo que ocurre en las instituciones públicas.

Sobre la reserva que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de los juicios exonerados, existe una apelación en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); además, un recurso de inconstitucionalidad que presentó el Fiscal General de la República en relación a lo que resolvió la Sala de lo Civil.

Otro de los puntos en los que hace énfasis la institución y a raíz del caso de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, es el manejo de los gastos reservados o partida secreta en Casa Presidencial.

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“Esta ha sido una de las mayores fuentes de corrupción en El Salvador porque el mecanismo de corrupción ha estado dirigido desde el presidente mismo y ha contado con el apoyo de sus colaboradores más cercanos, pero también con el encubrimiento de otras instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas, la Superintendencia del Sistema Financiera y otros actores que todavía desconocemos”, lamentó Estrada.

De acuerdo con la directora de transparencia de Funde, los controles “viciados” de la Corte de Cuentas son preocupantes porque sigue sin demostrar que puede auditar los gastos reservados o partida secreta de la Presidencia.

Lo rescatable

Según Funde, 2018 también dejó signos positivos como la condena a 10 años de cárcel al expresidente Antonio Saca por el desvío de 300 millones de dólares; además, aplaudió el proceso penal que se sigue contra el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y acusado del desvío de 351 millones de dólares. Funde dice que espera que sea extraditado el próximo año.

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Otro caso que la institución celebra es la condena del exfiscal, Luis Martínez a cinco años de prisión por escuchas telefónicas ilegales en contra del Padre Toño.

Martínez espera audiencias por otros procesos abiertos como fraude procesal (implantación de pruebas) y otros delitos. Funde espera que el nuevo año, la lucha anticorrupción siga.