Dijo George Santayana que los que no pueden recordar la historia están condenados a repetirla. Hay signos muy claros que esto puede pasar en El Salvador, en donde hay mucha gente que no sólo está mostrando que no conoce la historia sino que además no puede distinguir la dirección del progreso de la del retroceso. En los últimos días ha habido dos eventos que nos regresan como mínimo al Siglo XX y en realidad al Siglo XIX.
El primer signo es la toma del Tribunal Supremo Electoral perpetrada por GANA y Nuevas Ideas con el pretexto de que creían que se estaba fraguando un fraude allí—supuestamente manifestado en que el color aprobado en las pruebas de imprenta para las boletas de votación no era el de GANA. Ellos dijeron eso a pesar de que un representante de GANA lo había aprobado. Esta queja fue solo un pretexto de GANA + NI para intimidar al Tribunal y a la ciudadanía con la amenaza de usar métodos violentos si no les gusta el resultado de las elecciones. Este asalto es un retorno al Siglo XIX y principios del Siglo XX, cuando los partidos se tomaban los puestos de votación para controlar los resultados de las votaciones.
El segundo evento fueron las declaraciones del Ministro de Defensa en las que amenaza con la intervención de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos del país. Estas declaraciones han sido muy criticadas porque evidencian una participación política del ministro, en nombre de las Fuerzas Armadas que son y deben ser apolíticas—críticas que el ministro ha contestado diciendo que él es el representante político de las Fuerzas Armadas por ser miembro del gabinete, y por tanto un político.
Esta defensa muestra que el problema es mucho más profundo, que el pasado al que está regresando es más arcaico y primitivo que lo originalmente pensado. El ministro no parece saber que el ejército no es un cuerpo deliberativo, y que no tiene ninguna legitimidad para ser representado políticamente. Según la Constitución, el único que puede ser representado políticamente es el pueblo. Según la Constitución, las Fuerzas Armadas son y deben ser obedientes y, como corresponde a todas las Fuerzas Armadas profesionales, no está en ellas el poder de cuestionar las órdenes del verdadero Comandante General de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, y que, aunque fuera un militar, no ejerce su puesto ni habla en nombre de los militares sino del pueblo, que es el verdadero soberano. El ministro no es más que el representante de la autoridad civil, el Presidente, que manda sobre las Fuerzas Armadas. Y en esta función, el que lo puede remover no son los militares (que sería el caso si él los representara) sino el Presidente mismo.
En sus declaraciones el ministro evidencia que él cree que él es el soberano, como lo creían los militarones del Siglo XIX, o como mínimo, que los soberanos son los militares en su conjunto, como casta privilegiada, y que ellos, por habérseles confiado las armas, pueden juzgar si algo es o no un fraude (que le toca al TSE), Constitucional o no (que le toca a la Sala de lo Constitucional) y que pueden tomar acción en estas cuestiones por su propia decisión y darse golpes de estado entre ellos—que es lo que los militares del Siglo XX creían y hacían.
El problema no está en que el caudillo de GANA + NI y el ministro crean esto sino que el pueblo permita que actúen sobre estas creencias con tomas y con amenazas al pueblo de que si no votan como ellos quieren van a retornar al país al pasado terrible de prepotencias basadas en la posesión de las armas, y de las tiranías sostenidas sobre acciones violentas y sobre la presunción de que los soberanos en este país no son los ciudadanos sino los caudillos y los militares que los mantienen a base de fusiles y bayonetas. La ciudadanía no debería permitir estos retornos al pasado.