Por Iván Olivares
El régimen de Daniel Ortega aceleró sus ataques contra la sociedad civil nicaragüense, al atacar esta semana a nueve organizaciones no gubernamentales, así como a las empresas Promedia e Invermedia, dueñas de los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana, así como de los portales web Confidencial y Niú, dirigidos por el prestigioso periodista Carlos Fernando Chamorro.
También allanó a ‘Cabal’, una empresa de consultoría, propiedad de Desirée Elizondo, esposa de Carlos Fernando Chamorro.
Los antecedentes a esta semana nefasta para las libertades en Nicaragua ocurrieron cuando la Policía Nacional -dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega- negó a dos entidades el permiso para realizar una marcha: la Unidad Nacional Azul y Blanco (a la que tildó de terrorista), y al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del que dijo estaba “acéfalo”, y bajo investigación por su participación en lo que los orteguistas denominan como un ‘intento de golpe de Estado’.
Sandinistas cancelan organismos de derechos humanos en Nicaragua
El siguiente ataque contra la libertad y democracia se gestó en la casa de Daniel Ortega cuando se ordenó a la Asamblea Nacional, que le es absolutamente fiel, despojar de las personerías jurídicas a todos los organismos que le resultan molestos.
Ello llevaría a que dejaran en la ilegalidad por la vía parlamentaria, al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), cuya directora Ana Quirós, de nacionalidad costarricense y nicaragüense, fue previamente expulsada del país; así como al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), centro de pensamiento dirigido por Félix Maradiaga, profesional que ha sido especialmente crítico con el régimen de Daniel Ortega.
También a los organismos ‘Hagamos Democracia’; al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, dedicados a crear una cultura democrática; y al Cenidh, cuya sede permanece rodeada por patrullas.
También se la quitaron a la Fundación de Río, que trabaja por la conservación del río San Juan, y estuvo muy activa en la denuncia de los incendios que afectaron la reserva Indio Maíz, que fue el preámbulo directo de la crisis que asola Nicaragua.
La lista la completan el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco); y la Fundación Popol Na, (dedicada a temas de municipalismo), pero el régimen pasó a más, al ordenar el asalto ilegal de las sedes de esas entidades, cuyas propiedades fueron raptadas sin orden legal alguna, y al amparo de la oscuridad, pese a que la ley nicaragüense prohíbe allanar cualquier propiedad entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, a menos que se trate de la persecución de alguien encontrado en un delito flagrante.
Dentro de esa ofensiva es que se circunscribe el asalto a las instalaciones de las empresas periodísticas Promedia (socia de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham), e Invermedia, que manejan cuatro medios de comunicación independientes.
En palabras del periodista Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990 - 1997) y del Mártir de las Libertades Públicas, Dr. Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura anterior, encabezada por Anastasio Somoza Debayle, se trata de “un asalto brutal en contra de medios de comunicación independientes”.
Chamorro no dudó en responsabilizar a Ortega, a quien tildó de “dictador brutal”, y prometió que los periodistas de estos medios “seguirán reporteando e informando al pueblo nicaragüense que no renuncia a sus anhelos de libertad”.