El Gobierno de Perú le comunicó a Uruguay que no existe persecución política “de ningún tipo” contra el expresidente Alan García, quien ingresó el sábado pasado a la residencia del embajador uruguayo en Lima para solicitar asilo mientras es investigado por un presunto caso de corrupción.
La posición oficial de Perú fue expuesta en una nota diplomática entregada por el vicecanciller Hugo de Zela al embajador uruguayo, Carlos Barros, durante una reunión de unos 30 minutos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La información entregada a Barros “recalca que en el Perú impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, indicó la Cancillería en una nota de prensa.
Puntualiza que en Perú “no existe persecución política de ningún tipo” y que “el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del expresidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”.
Expresidente de Perú Alan García solicita asilo político a Uruguay
El vicecanciller De Zela explicó luego que el Gobierno de Perú mantendrá una posición “neutral” y “lo más apegada a la ley” en su trato con Uruguay respecto al pedido de García, y no considerará ninguna reacción ante cualquier posible decisión de Montevideo sobre el caso para no influir en la misma.
Según agregó, la nota diplomática enviada al presidente Tabaré Vázquez expone la posición de Perú sobre la vigencia del Estado de Derecho, independencia judicial y democracia en el país e incluye también otros documentos “de conocimiento público” sobre las acusaciones e investigaciones fiscales que pesan sobre García.
En ese sentido, señaló que lo único que su país espera de Uruguay es que “considere” que en Perú hay “democracia, Estado de Derecho y separación de poderes, y que el Poder Judicial, en ejercicio de sus funciones, actúa con plena autonomía, como dice la Constitución”.
Por su parte, el Frente Amplio de izquierdas peruano planteó que se conforme una misión de legisladores de varios partidos para que viaje a Uruguay a informar al Congreso y a la sociedad de ese país que en Perú no existe una persecución política “sino una lucha contra la corrupción”.
Pero el expresidente Alan García, investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, reiteró ayer ser víctima de una persecución política.
En una carta publicada en redes sociales por su abogado, García renegó de la orden judicial que le impide abandonar Perú por 18 meses desde el sábado, la misma que inicialmente aceptó de buena forma, pocas horas antes de que se presentara en la embajada de Uruguay en Lima para pedir asilo.
El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que Odebrecht le pagó $ 100,000 por una charla en Sao Paulo en 2012.