La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció el lunes que al menos 31 manifestantes capturados el domingo por la Policía de Nicaragua son víctima de “desaparición forzada”, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Todas estas personas están en condiciones de desaparición forzada, porque las autoridades no brindan información sobre ellas”, dijo el director de proyectos de la CPDH, Denis Darse.
Según la CPDH, los familiares de las personas capturadas no han sido informados de su paradero, ni sus condiciones de salud, tras haber sido arrestados con violencia en el estacionamiento de un centro comercial privado el domingo.
Darce también denunció que a los detenidos no se les ha brindado el derecho de realizar una llamada desde la cárcel para avisar sobre su situación.
La Policía Nacional confirmó el arresto de 38 personas al sureste de Managua, a las que acusó de manifestarse sin permiso. Ocho fueron liberadas horas después. A la lista se suma la captura de dos defensoras de los derechos de las mujeres, de las cuales una fue liberada y otra sigue detenida.
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El sábado la Policía reiteró que “no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso”, y que “tomará todas la medidas necesarias para mantener la seguridad y el orden público”.
La CPDH sostuvo que ninguno de los capturados cometió delitos, ya que la Constitución de Nicaragua reconoce el derecho de libre concentración y movilización, sin permiso previo, y se encontraban en un establecimiento privado.
La denuncia se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 512 muertos desde abril, según organizaciones humanitarias, en el contexto de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien reconoce 199 víctimas.
Los organismos defensores de los derechos humanos sostienen que el Gobierno de Nicaragua ha capturado a unos 459 “presos políticos”. Las autoridades reconocen más de 200, a los que califica de “terroristas” y “golpistas”.
Tanto la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha rechazado los señalamientos y mantiene que sufre un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente, tras las muertes registradas durante las manifestaciones.
Naciones Unidas reacciona
Mientras, la ONU subrayó ayer que los ciudadanos de Nicaragua deben poder protestar de forma libre y pacífica y reiteró su llamamiento a un diálogo político para poner fin a la crisis en el país centroamericano.
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“Es importante, como cuestión de principio, que a la gente se le permita manifestarse libre y pacíficamente. Ese es un derecho básico”, dijo el portavoz de la organización Stéphane Dujarric, preguntado por la violenta jornada del domingo.
Dujarric dijo que el secretario general de la ONU, António Guterres, mantiene su postura sobre la “necesidad de un diálogo político inclusivo” para resolver la situación.
Además, ONU Mujeres expresó su preocupación por la detención en Nicaragua de la activista Haydée Castillo y de otras defensoras de los derechos humanos.
“En ONU Mujeres valoramos y apoyamos la libertad de expresión y participación de las mujeres, claves para la democracia”, señaló la agencia de Naciones Unidas en un mensaje a través de su cuenta en Twitter. En él, ONU Mujeres expresó su “preocupación por la situación de Haydée Castillo y otras líderes y defensoras de derechos humanos detenidas en Nicaragua”.
Castillo fue detenida este domingo en el principal aeropuerto del país cuando se disponía a viajar.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la activista, que ha participado en las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue acusada del delito de “terrorismo” y enviada a la cárcel “El Chipote”.
“El Chipote” ha sido denunciada como un supuesto “centro de torturas” de la Policía Nacional desde hace más de 10 años, tanto por organismos defensores de los derechos humanos como por reos que han pasado por ella. Agencia/EFE