MANAGUA. La Policía de Nicaragua reprimió ayer con violencia a un grupo de opositores y detuvo al menos a 29 de ellos cuando pretendían protestar en las calles de Managua contra el presidente del país, Daniel Ortega.
Este nuevo episodio de violencia, enmarcado en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado que ha dejado centenares de muertos, fue repudiado por organismos internacionales, que instaron a Ortega a respetar los derechos de los ciudadanos y la libertad de manifestación.
Los hechos se produjeron, según constató Acan-Efe, cuando un grupo de personas estaba a la espera de sumarse a una protesta convocada para este domingo por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, la cual finalmente no se realizó.
Decenas de agentes antimotines y policías se presentaron en el lugar y comenzó un enfrentamiento con los opositores, 29 de los cuales fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.
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Según pudo captar la prensa, los agentes policiales arrastraron por el pavimento a jóvenes, adultos y ancianos para llevarlos hasta los coches de patrulla.
Entre los detenidos está la directora en Nicaragua de la ONG Techo Internacional, Ana Lucía Álvarez, denunció la organización en un comunicado.
También fueron apresados Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, ambas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS); José Antonio Peraza, miembro del Movimiento por Nicaragua, y Tamara Dávila, hija del fallecido coronel en retiro Irwin Dávila, opositor al Gobierno.
Otro de los detenidos fue José Dolores Blandino, padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, según publicó en sus redes sociales Gioconda Artola, esposa del detenido.
Horas después de los incidentes no estaba claro si alguno había sido liberado, como fue el caso del periodista Uriel Velásquez del rotativo local El Nuevo Diario, detenido y puesto en libertad poco después.
Los “blanquiazules”, quienes prometen seguir adelante con las protestas, clamaban a voces por una “Nicaragua Libre”, incluso mientras eran arrastrados por el pavimento por los agentes, para ser llevados a los coches del cuerpo de seguridad.
La Policía reiteró en la víspera que no iba a permitir “manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso”, como ya anunció a finales de septiembre.
Ayer mismo la oposición suspendió movilizaciones en la región de Blufields y en Managua, donde este domingo contingentes de agentes policiales de operaciones especiales, antimotines y grupos afines al Gobierno se desplegaron en distintos puntos capitalinos.
En el lugar donde estaba previsto el arranque de la marcha que finalmente no se realizó, y cuyo lema era “Unidos por la libertad”, también resultó lesionado este domingo Oswaldo Rivas, fotógrafo de la agencia internacional Reuters, tras ser arrollado por un paramilitar motorizado que se le echó encima mientras registraba la violencia policial.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, lamentó los hechos y consideró “inaceptables” las “actitudes represivas y autoritarias” de los efectivos policiales.
Una mesa de diálogo entre la Alianza Cívica, compuesta por sectores civiles, y el Gobierno de Ortega, está suspendida desde julio pasado, después de que grupos oficialistas agredieron físicamente a miembros del Episcopado que participan en calidad de mediadores.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado y que ha dejado según organizaciones humanitarias locales e internacionales entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
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El 18 de abril pasado comenzaron las protestas contra Ortega por unas reformas de seguridad social que fueron anuladas en un intento por contener la crisis, que se convirtió en la exigencia de su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Ortega rechaza las denuncias de abusos locales e internacionales en contra de su Gobierno y asegura que la crisis impulsada por grupos a los que califica de golpistas y terroristas, e incluso ha llegado a condicionar varias veces el diálogo. ACAN-EFE