El gobierno de Donald Trump planea apelar el fallo de un juez federal que impide la deportación de centenares de miles de inmigrantes de cuatro países que viven en Estados Unidos amparados por el TPS.
Los abogados del Departamento de Justicia presentaron la notificación de apelación el jueves.
La medida era prevista, luego que el juez federal Edward Chen en San Francisco emitió la semana pasada un interdicto temporal que impide que el gobierno suspenda las protecciones a inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
El estatus de protección temporal (TPS por sus iniciales en inglés) es otorgado a personas de países azotados por guerras o desastres naturales.
Actualmente hay más de 436,000 inscritos en el TPS en todo EE. UU., de los cuales aproximadamente 262,000 (el 90 %) son de El Salvador, de Honduras hay 86,000, de Haití 58,000 y de Nicaragua 5,000. Esos datos están en un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, citado semanas atrás por el congresista republicano Mike Coffman (representante por Colorado), quien presentó el 4 de septiembre pasado un proyecto de ley para extender el TPS para todos los países beneficiarios hasta el 15 de septiembre de 2021.
En el caso del TPS para los salvadoreños estará vigente hasta septiembre de 2019.
El juez federal dijo que existe evidencia de que el presidente Trump tiene prejuicios contra inmigrantes no blancos y no europeos. Pero el Departamento de Justicia alega que el gobierno no ha hecho nada inapropiado.
Beneficiarios celebran fallo que prohíbe cancelar TPS
Por otro lado, un total de 90 alcaldes de ciudades de 29 estados de EE. UU. han rechazado una propuesta del Gobierno de Trump para limitar la concesión de la ciudadanía o de la residencia permanente a inmigrantes legales, según una misiva difundida ayer por la Conferencia Nacional de Alcaldes.
Los regidores se opusieron así a una proposición de la que se ha hablado durante meses, pero que se incluyó en el Registro Federal el miércoles.
La norma busca ampliar el concepto de “carga pública”, un término en el que se recogen los requisitos por los que se considera que un inmigrante será un supuesto peso para el Estado y que puede derivar en que el Gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.
“Las nuevas regulaciones llevan este principio al extremo y, de ser adoptada castigarían en última instancia a los inmigrantes por acceder a prestaciones que no son en efectivo y que están diseñadas para ayudar a las familias a tener éxito en EE. UU.”, explica la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional.
Según los alcaldes, “comprometerá la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños; impactará en el acceso a la seguridad sanitaria; reducirá las opciones de alojamiento y afectará negativamente a las comunidades locales”.
Juez bloquea la suspensión del TPS a migrantes de cinco países
La propuesta amplía el concepto de “carga pública” a las personas que se han beneficiado de servicios pagados por el Estado, que no son ayudas en efectivo, en materia de alimentación o sanidad, entre otros. La proposición se enmarca en un contexto en el que Trump ha enaltecido un discurso antiinmigración desde su campaña electoral en 2016 hasta ahora, como presidente, con especial énfasis en la inmigración irregular.