La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua denunció que el presidente Daniel Ortega está imponiendo un "estado de sitio de hecho", para silenciar las protestas contra su Gobierno.
La Articulación denunció y condenó "el estado de sitio de hecho que está imponiendo la dictadura de Daniel Ortega, al coartar una serie de libertades y derechos individuales y colectivos de la población, como el derecho a la protesta y a la libre circulación".
La denuncia se basa en un comunicado emitido por la Policía Nacional el viernes pasado, en el que establece como "ilegal" organizar protestas contra Ortega y en las capturas y ataques de manifestantes ejecutados el fin de semana.
La legislación de Nicaragua reconoce el "estado se sitio" por tiempo limitado y por decreto del Legislativo, en situaciones excepcionales.
La Articulación recordó que el los derechos a la protesta y a circular en las vías públicas están "consignados en la Constitución Política de la República", pero que "el régimen pretende borrar con un comunicado de su policía represiva".
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Las acciones policiales y el reclamo se dan en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 512 muertos, en su mayoría personas que protestaban contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, según organizaciones humanitarias.
"Para la dictadura de los Ortega Murillo y sus allegados, las marchas de la población en resistencia pacífica son un dolor de cabeza permanente porque no han podido impedirlas, pese a la criminalidad que desataron, con resultado de más de 400 personas muertas", indicó la Articulación, en su denuncia.
El movimiento agregó que a las personas muertas se les suman "más de 2.000 heridas y miles de desaparecidas, secuestradas, capturadas y torturadas. Más de 300 continúan en las cárceles como presos políticos".
La Articulación reclamó que "las marchas son el testimonio vivo de la resistencia pacífica del pueblo, son la evidencia del cuestionamiento a la dictadura orteguista por su ejercicio despótico, corrupto y sangriento del poder".
"Son la crítica a su comportamiento criminal, la evidencia de que la mayoría de la ciudadanía desconoce a los Ortega Murillo y allegados como autoridades legítimas, son la voz de quienes les dicen que no los representan y ¡que se vayan!", agregó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizaron al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega niega los señalamientos y sostiene que todo se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder. ACAN-EFE