Los matones pro-gobierno han sido actores centrales de la represión; han matado, secuestrado y torturado a manifestantes en coordinación o con la protección constante de la policía nacional.
¿Cuáles son las dimensiones de la crisis actual en Nicaragua?
Desde que Daniel Ortega asumió el poder en el 2007, se ha dedicado a desmantelar el Estado de derecho con prácticas autoritarias y reformas que socavaron la independencia de poderes en Nicaragua. Tanto la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Consejo Supremo Electoral como la Policía Nacional están completamente subordinados al partido de gobierno. Esto le ha permitido a Ortega reprimir con inusitada violencia las multitudinarias protestas en contra de su gobierno que se dieron a partir de abril. Esta combinación ha dejado un saldo de 322 muertos y más de 2,000 heridos, principalmente producto de la represión perpetrada por miembros de la policía nacional actuando en conjunto con hampones armados pro-gobierno. Ni un solo oficial de la policía o hampón pro-gobierno ha sido llevado ante la justicia por estos abusos. Además, cientos de personas han sido detenidas arbitrariamente o secuestradas, y sometidas a torturas y tratos inhumanos.
¿Cuál es la relación de los grupos armados que atacan a la oposición con el gobierno?
Los matones pro-gobierno han sido actores centrales de la represión; han matado, secuestrado y torturado a manifestantes en coordinación o con la protección constante de la policía nacional. A pesar de la abrumadora evidencia, Ortega negó sistemáticamente la existencia de estos delincuentes al principio de la crisis, mintiendo con total descaro. Actualmente, tanto él como su jefe de policía, Francisco Díaz, han reivindicado a estos matones que actúan con impunidad como supuestos miembros de una “policía voluntaria”. Aunque esta disposición existe en las leyes de Nicaragua, estos salvajes delincuentes no cumplen con los requisitos que establece la ley para llenar ese papel y la ley ciertamente no justifica ni permite las atrocidades que han cometido contra manifestantes.
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¿Qué rol tienen las Fuerzas Armadas en este contexto?
No sabemos a ciencia cierta qué rol están cumpliendo. Ellos dicen que no están metidos en nada. Lo que todos pudimos presenciar el 3 de septiembre es que Ortega compareció con el General Julio Avilés para la conmemoración del 39 aniversario de la fundación del ejército de Nicaragua, rodeados de banderas del partido de gobierno. Ortega afirmó que el ejército “fue determinante para llegar a restablecer la paz,“ con lo que se refería cínicamente a la cruenta represión que aplastó las protestas contra su gobierno. Según afirmó Ortega, el papel del ejército se limitó a resguardar infraestructura pública. Pero no tenemos información suficiente para saber exactamente qué han estado haciendo.
¿Qué medidas inmediatas se necesitan en Nicaragua para volver a una situación de normalidad?
La situación de derechos humanos en Nicaragua no ha mejorado. Los graves y continuos abusos en contra de la población permanecen en total y completa impunidad. Al contrario, según datos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, al menos 300 personas están enfrentando procesos judiciales por su participación en las protestas antigubernamentales, incluidos 10 menores de edad.
En lo inmediato, el gobierno debería cesar la cacería de opositores, desmantelar los grupos de delincuentes pro-gobierno que aterrorizan a la población y llevar ante la justicia a los responsables de los abusos. Sin embargo, Ortega no se comprometerá a estas mejoras a menos que la comunidad internacional le aplique una enorme presión política, que todavía no se ve.
Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está reunido en Ginebra. Yo he instado a los países miembros a convocar un debate urgente sobre Nicaragua y llamar al gobierno a que se comprometa con pasos concretos para garantizar verdad y justicia para las víctimas.
¿Cómo evitar una segunda Venezuela en la región? ¿El abordaje del Consejo de Seguridad de la ONU podría derivar en ese esfuerzo?
Según datos que me comunicó el Alto Comisionado para los Refugiados, ya son 13,085 nicaragüenses que han registrado una solicitud de asilo en Costa Rica, y otros 15,636 que tienen pendiente una cita para registrarse. Cientos más han solicitado la protección de México, Panamá y Estados Unidos. Esta crisis ya tomó una dimensión internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió la semana pasada para discutir la situación de Nicaragua, tiene la opción de imponer sanciones económicas y revocar visas para los altos mandos responsables de los abusos, incluidos el presidente Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo, el jefe de la policía, Francisco Díaz y el inspector general de la policía, Jaime Vanegas. El Consejo de Seguridad también debería advertirles firmemente que no tolerará la existencia de estos grupos de hampones armados pro-gobierno que actúan al margen de la ley para aterrorizar a la población, matando, secuestrando y torturando.