Campesinos, indígenas y movimientos sociales guatemaltecos marcharán durante 3 días en diferentes puntos del país para pedir la renuncia del "corrupto" presidente, Jimmy Morales, por sus decisiones en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La "Asamblea Coordinadora de Movimientos Sociales", que aglutina a unas 60 organizaciones de indígenas, estudiantes, campesinos o religiosos -entre otros sectores-, anunció hoy estas manifestaciones para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, con las que buscan crear un punto de inflexión en la crisis actual.
Las marchas comenzarán el lunes con la salida a las calles de las Autoridades Indígenas de Sololá (occidente) y seguirán el martes y el miércoles en la capital con los miembros de la Asamblea Estudiantil Universitaria de la Universidad de San Carlos y la organización "Usac es Pueblo".
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El objetivo es protestar contra Morales por anunciar el fin del mandato de la CICIG, en septiembre de 2019, y vetar el ingreso al país de su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, quien está de viaje de trabajo en Estados Unidos y a quien la ONU, a pesar de las críticas, ha ratificado por el momento en el cargo.
Pero entre sus demandas también estará exigirle al Congreso que no apruebe una serie de reformas, como la que busca modificar la Ley de Antejuicio y darle la potestad al Legislativo sobre todos los desafueros, o la que buscar revivir el transfuguismo.
El Comité de Desarrollo Campesino, una de las mayores entidades de agricultores del país, también marchará el miércoles próximo para solicitar la renuncia de Morales, algo que ha hecho constantemente desde que asumiera el cargo en 2016, y demostrar su apoyo a la Comisión.
Uno de los portavoces de esta organización, Neftalí López, dijo a Acan-Efe durante la reunión celebrada este viernes, con al menos 300 asistentes, que el consenso de estas marchas es una "primera acción para demostrar al Gobierno corrupto de Jimmy Morales que no estamos de acuerdo con su intento de golpe de Estado".
No descartó la realización de un paro nacional, el cual sería "la culminación de múltiples acciones de esta lucha en contra de Morales, su Gabinete y el Congreso" y celebró, como el representante del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, la diversidad y los acuerdos alcanzados para manifestar de "manera contundente".
Los miembros de esta asamblea, declarada permanente y de la que también forman parte el sector mujeres o la comunidad LGBTIQ, analizarán si las manifestaciones se prolongarán durante toda la semana.
Agregaron que aún faltan otros grupos importantes para el país como las autoridades ancestrales indígenas o las comadronas, que estarán estudiando en los próximos días su postura.
Estas son las primeras grandes manifestaciones que se prevén contra Morales, el Congreso y su Gobierno desde que anunciara el 31 de agosto pasado el fin de la CICIG y unos días después la prohibición del abogado colombiano de volver a entrar a Guatemala por considerarlo un peligro para la seguridad nacional.
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Las dos medidas fueron duramente criticadas por varios sectores nacionales e internacionales que ven en ellas un paso atrás en la lucha contra la corrupción, una ruptura del orden constitucional y un conflicto de intereses, pues el presidente y sus personas más allegadas han sido señaladas de varios actos ilícitos.
Morales negó jueves en una comparecencia una ruptura del orden constitucional con sus decisiones en torno al ente anticorrupción de la ONU, y apeló al sentimiento independentista y nacional para pedirle a la población a que, durante este mes, en el que se conmemora la independencia, reafirme "nuestros valores".
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la CICIG se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la CICIG, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder