El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció ayer que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo de las Naciones Unidas que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en ese país, incluidas dos contra el propio mandatario y sus familiares.
El anuncio implica que los miembros de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala deberán salir del país, ya que todos los funcionarios internacionales de la Cicig dejan de tener autorización para permanecer en esa nación. El período vence en septiembre de 2019.
Rodeado por miembros del Ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y Cancillería, Morales dijo en conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas, que notificó su decisión a la ONU para iniciar la transferencia de las capacidades de la Cicig a las instituciones guatemaltecas.
“Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de las Naciones Unidas”, dijo el guatemalteco.
Presidente de Guatemala ha pedido no renovar el mandato de la CICIG
Además, Morales denunció que la Cicig sembró “el terror judicial” después de que denunciara ante la ONU que violaba las leyes locales.
“Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios y reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la Cicig”, proclamó Morales.
La decisión presidencial es el último capítulo de una larga historia de fricciones entre su gobierno y la Cicig.
Esta es la segunda vez que Morales intenta golpear a la Cicig. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces Morales declaró persona non grata al comisionado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.
Morales aseguró que mantiene su compromiso de colaborar con la Fiscalía General, así como con otras instituciones del país. “Les recuerdo a todos que nuestro gobierno incrementó presupuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica”.
El presidente actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales. La Fiscalía General y la Cicig hicieron esta última petición el pasado 10 de agosto. Y el Congreso guatemalteco integró esta semana una comisión investigadora que analizará si le retira la inmunidad al presidente (ver nota aparte).
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Militares rodean la oficina
Momentos antes del anuncio de Morales, militares rodearon la sede de la Cicig en la capital guatemalteca. El vocero de la comisión, Matías Ponce, dijo que al menos 12 vehículos se apostaron afuera del edificio.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, calificó lo sucedido como una “presencia descomunal intimidatoria”. Y presentó ayer un recurso de exhibición personal a favor del jefe de la Cicig, con el que pretende que se verifique su integridad y que “se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto”.
Ni el Gobierno ni el Ministerio de la Defensa han explicado aún la presencia de los militares que se acercaron a la sede de la Cicig.
Por su parte, la fiscal María Consuelo Porras, instó al Gobierno guatemalteco y a la ONU a llegar a un acuerdo entorno a la Cicig.
“Exhorto al Gobierno de la República y a la Organización de Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca, en función de la paz, tranquilidad y armonía social”, aseguró la fiscal en un pronunciamiento divulgado a los medios de comunicación.
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Mientras que Rodas criticó la decisión de Morales. “La decisión es muy desafortunada, lamentablemente innecesaria. Un presidente que ya perdió la objetividad. Él mismo está siendo sujeto de un antejuicio”, declaró antes de ingresar a la sede de la Cicig, a donde acudió para mostrarle apoyo a Velásquez.
El procurador destacó que el país necesita que continúe la Cicig “para combatir la corrupción y la impunidad”, ya que aseguró que la mayoría de la población está a favor de su continuidad.
De hecho, centenares de personas acudieron ayer a la Plaza de la Constitución, en la capital, para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno y solicitar el desafuero de Morales.
“Yo apoyo a Iván”, “Cicig Sí”, “Cicig se queda” o “Jimmy sin inmunidad” fueron algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas, así como algunas de las consignas que gritaron los manifestantes, quienes denunciaron los “títeres” que usa Morales, a quien llaman “payaso”, para perpetuar la corrupción y la impunidad.
Y afuera de la sede de la Cicig también acudieron manifestantes a favor y en contra del ente. Aunque se vivieron algunos momentos de tensión no hubo ningún enfrentamiento.