El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, advirtió este miércoles que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos.
“Debe haber un cambio de actitud (del Gobierno) porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada”, dijo Zeid a la prensa, a la que comentó algunas de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo.
“Debe liberare a quienes nunca debieron ser detenidos por ejercer su derecho a reunirse pacíficamente”, agregó el alto responsable de la ONU, quien dentro de dos días entregará el cargo a su sucesora, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.
Zeid, a quien se le reconocen sus posiciones claras en defensa de los derechos humanos más allá de presiones políticas, dijo que -como ocurrió al inició de la crisis en Venezuela- en Nicaragua se acusa a los líderes de las protestas de terrorismo, cuando en realidad “están luchando por los derechos más básicos”. Y denunció “el grado tan intenso de represión” que han ejercido las fuerzas gubernamentales y grupos armados irregulares que las apoyan, en particular contra los estudiantes, muchos de los cuales están detenidos.
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Zeid tuvo la oportunidad de hablar con líderes del movimiento estudiantil que pide la salida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyos relatos le impactaron por la gravedad de los hechos descritos.
Además, un informe de Naciones Unidas publicado ayer señala que el gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra Ortega.
El reporte instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo.