Cada vez más Estados Unidos intensifica su política migratoria con medidas drásticas. El fiscal general del país norteamericano, Jeff Sessions, emitió el pasado jueves una orden que pretende acelerar la deportación de inmigrantes ilegales. Session dijo a los jueces de inmigración que solo deberían posponer los casos en los procedimientos de deportación "por buena causa".
El fiscal explicó que esta excepción solo aplica cuando el inmigrante tenga posibilidades de permanecer en el país solicitando asilo o recibiendo algún tipo de visado o permiso de trabajo
Sessions, un exsenador republicano, ha liderado los esfuerzos del presidente Donald Trump para tomar fuertes medidas contra la inmigración ilegal. Una de las políticas más controversiales es la de "tolerancia cero", que enviaba a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud, la mayoría de ellos situados cerca de la frontera con México. Trump retiró esta medida en junio bajo la presión política.
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Tras el anuncio que hizo el fiscal el pasado jueves, el juez federal Dana Sabraw decidió mantener el freno temporal a las deportaciones de familias inmigrantes recién reunificadas y este día optó por dar más tiempo a las partes para que acuerden si esas reuniones se hacen o no en el país.
En una audiencia celebrada en una corte de San Diego, el magistrado pidió al Gobierno de EE.UU. y a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la parte demandante, un acuerdo sobre el lugar de las reunificaciones familiares que están pendientes, luego de que algunos padres deportados han pedido regresar a EE.UU. para pelear su solicitudes de asilo.
En un informe presentado el jueves en la corte, el equipo legal de ACLU objetó que la Administración de Donald Trump asuma que todos los reencuentros se realicen en el país de origen de los inmigrantes.
Este organismo insiste en que algunos de ellos pudieron "no haber aprovechado su derecho a solicitar asilo político porque fueron engañados u obligados a creer que al hacerlo podría demorar o evitar la reunificación".
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"Nunca podremos llegar a un proceso que sea perfecto o que restaure todos los derechos como si este incidente nunca hubiera ocurrido", afirmó Sabraw, quien agregó que aún así la tarea es reunir a todas las familias "lo mejor posible".
En el siguiente informe que el Gobierno debe entregar la próxima semana, el juez pidió más detalles sobre el grupo de los padres deportados, incluyendo cuántos de éstos ya han solicitado que se les regrese a sus hijos o, de ser el caso, cuántas reunificaciones se han concretado.