Al menos 13 médicos del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) fueron despedidos en Nicaragua, "por haber atendido a los heridos en ataques armados del Gobierno" sobre manifestantes en contra del presidente Daniel Ortega, denunció hoy el movimiento cívico Articulación Leonesa.
Entre los despedidos hay pediatras, cirujanos, y especialistas ortopedia, anestesiología y oncología, que trabajaban en el HEODRA, principal hospital del departamento (provincia) de León, a 97 kilómetros al noroeste de Managua, según los denunciantes.
La Articulación Leonesa señaló de los despidos a la directora del HEODRA, Lejarza Vargas, por "ordenar al personal médico del hospital que no atendiera a los protestantes heridos".
Acciones como estas han sido reflejadas en un informe oficial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vargas también fue señalada por que supuestamente "les cerró las puertas a los estudiantes de medicina que querían pasar porque los paramilitares y las turbas orteguistas se estaban metiendo a maltratarlos", el 19 de abril pasado.
Nicaragua cumple 100 días de sangrienta crisis y sigue sin pronta solución
La lista completa de los médicos despedidos no fue proporcionada por la Coalición, que afirmó que "algunos, que ya estaban en sus puestos de trabajo, fueron sacados con lujo de violencia" por la seguridad del hospital.
La polémica se da en medio de una crisis que ha dejado entre 295 y 448 muertos en manifestaciones contra Ortega desde el 18 de abril pasado.
Tanto la CIDH, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", pero el Gobierno nicaragüense lo niega.
Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta desde la década de los años de 1980, también bajo la presidencia de Ortega.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.