El próximo gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador impulsará ante el Congreso una ley de amnistía, la cual espera que contribuya a pacificar México tras más de una década de diversos hechos de violencia ligados al crimen organizado.
Alfonso Durazo, asignado por López Obrador para encargarse de la futura Secretaría de Seguridad Pública, dijo ayer que la propuesta de ley se elaborará con las opiniones de las víctimas de la violencia, las organizaciones civiles, además de expertos nacionales e internacionales.
“Exploraremos sin prejuicios ni estridencias todas las ideas y propuestas que nos permitan recuperar la paz y la serenidad en el país incluida la amnistía, el eventual indulto o el recurso de leyes especiales o de justicia transicional”, dijo Durazo a la prensa.
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Señaló que se intentará todo “sin pasar por la impunidad” con el objetivo que la violencia que ha vivido México en los últimos doce años “no se vuelva a repetir”.
Olga Sánchez Cordero, designada por López Obrador como su secretaria de Gobernación, subrayó que echarán mano “de todos los instrumentos legales a nuestro alcance (...) para la pacificación” y que el eje de todo serán “los derechos de las víctimas”.?
“No significa impunidad” sea quien sea quien cometa el delito, reiteró por su parte Loreta Ortiz, asesora del gabinete de transición en materia de derechos humanos. Ortiz destacó que “nunca procede el olvido o el perdón con crímenes de lesa humanidad” mientras que el resto de delitos se analizarán conforme a lo que señalen las víctimas.
En principio, los primeros beneficiados por esta ley, explicó la experta, podrían ser niños, jóvenes coaptados por el crimen organizado, mujeres que son involucradas en delitos por su pareja --lo que se conoce como “delitos de amor”--, campesinos que hayan sido productores de droga, gente acusada de delitos políticos y otras personas que no han cometido ningún acto de carácter violento.
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Además se establecerán “algunas comisiones de la verdad” para determinados hechos --integradas por sociedad civil, sacerdotes y expertos internacionales-- que serán una “herramienta” para la pacificación con los derechos de las víctimas y el derecho a la memoria como ejes y que conllevarán acceso a la justicia...”, explicó Sánchez.