El caos económico y social, causado por la crisis política en la que se encuentra sumergida Venezuela, protagonizan las elecciones presidenciales de este domingo, ambientadas en un clima de hiperinflación, protestas y la severa escasez de alimentos y medicinas; además del rechazo internacional por no dar garantías de ser comicios democráticos ni transparentes.
La situación económica está atada a la crisis social que a su vez surge tras años de decisiones políticas de los chavistas marcadas por expropiaciones de empresas, muerte del aparato productivo y un control de cambio que se inició en 2003.
Como nunca antes en la historia contemporánea del país petrolero, los ciudadanos se han mostrado apáticos ante la campaña electoral pese a que los únicos dos candidatos opositores han puesto el acento en esta crisis signada por una altísima inflación, que este año, según cálculos del FMI, puede cerrar en casi 14,000 %.
La última encuesta Encovi que hacen las principales universidades de Venezuela reveló que la pobreza extrema aumentó en el país caribeño de 23.6 % a 61.2 % en cuatro años y casi 10 % tan solo entre 2016 y 2017.
Este sondeo también mostró que en el 80 % de los hogares no se come de forma adecuada y el 64 % de los encuestados reportó haber perdido un promedio de 11 kilos de peso en el último año por no poder acceder a los alimentos. También la situación de salud de ha agravado ante la falta de medicinas. Y se suma a este escenario la escasez de dinero en efectivo, lo que ha generado caos en los servicios que solo se pagan en moneda física como la gasolina o el transporte público.
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La dura situación ha empujado a miles de venezolanos a huir a países vecinos y eso ha generado una crisis humanitaria solo parecida a la que vive Siria, un país que está en guerra desde hace siete años.
En este contexto, Nicolás Maduro quiere seguir gobernando el país petrolero, cuya crisis se agravó desde que él asumió el poder en 2013 cuando fue designado por su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.
De la crisis que vive Venezuela Maduro culpa a Estados Unidos y a Colombia por patrocinar lo que él llama “guerra económica”, a través de empresarios locales.
Por ello, se ha enfocado en perseguir a empresas en las últimas semanas, de las cuales su gobierno ha tomado el control y ha mandado a apresar a sus ejecutivos mediante el operativo “Manos de Papel”, bajo el cual los acusa de “boicot” a la economía.
Otra arista de la estrategia de Maduro para seguir en el poder ha sido querer anular a la oposición. En ese propósito les ha puesto cortapisas para participar en igualdad de condiciones en las elecciones, tal como ocurrió en los comicios de alcaldes de diciembre 2017 y en las presidenciales que se realizarán este domingo, en las que Maduro tendrá tres contendientes que han competido en un proceso cuesta arriba.
De hecho, ese es uno de los señalamientos de la comunidad internacional sobre las elecciones del 20 de mayo, porque a juicio de casi la mitad de naciones que forman el continente americano y de países de la Unión Europea, no cumplen las garantías de ser justas, democráticas ni transparentes.
Por lo que el resultado de las elecciones del domingo tendrá que enfrentarse a la mirada vigilante de buena parte del mundo y al hecho de que muchos países no reconocerán el resultado, al considerar que fueron convocadas ilegalmente.
De modo que el nuevo presidente venezolano -que según las encuestas será Maduro- contará solo con el apoyo de Rusia, uno de sus principales socios económicos, y de los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA).
Desde la decisión el 23 de enero de la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano convocar las elecciones, diversos gobiernos se mostraron en desacuerdo con una decisión que tacharon de unilateral e ilegal.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea impusieron sanciones a funcionarios chavistas por esa decisión y en los últimos días le han insistido a Maduro que suspenda los comicios del domingo.
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El Parlamento Europeo también dio luz verde por amplia mayoría el pasado 3 de mayo a una resolución que rechaza las presidenciales venezolanas y pidió su “suspensión inmediata”.
Además, la Unión Europea ha dicho de forma tajante que solo reconocerá unas elecciones “que estén basadas en un calendario electoral viable, sean acordadas en el contexto del diálogo nacional con todos los actores y partidos políticos relevantes, y en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes”.
Ante el rechazo internacional, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este miércoles que enviará una carta a los países que, a su juicio, “han agredido” a Venezuela, para explicarles cómo se desarrolla el proceso para las elecciones presidenciales, para pedir respeto a la soberanía y para explicar las “garantías que brinda el sistema electoral venezolano”.
También hay otro elemento en estas cuestionadas elecciones: la abstención. Ante la falta de confianza en el sistema electoral, un bloque de fuerzas políticas y sociales de la oposición ha llamado a la ciudadanía a no “convalidar el fraude” del domingo, por lo que se espera que la abstención sea alta.