María Consuelo Porras, la nueva fiscal general de Guatemala, tomó posesión el jueves para sustituir a Thelma Aldana, quien llevó a prisión a dos expresidentes del país por corrupción.
Porras asume el cargo en medio de críticas y dudas de quienes consideran que hay posiciones a su favor. Por ello, en su primera declaración a la prensa pidió confianza a la población “no solo en la nueva fiscal general como persona altamente comprometida para el fortalecimientos de la justicia en Guatemala, sino para el equipo de trabajo que traemos”.
“Voy a ser garante que la ley se cumpla”, agregó.
Porras ha sido criticada por algunas organizaciones de la sociedad civil por tener vínculos con las fuerzas armadas: su marido es militar y empleado de la fiscalía, lo que a muchos les causa dudas. La nueva fiscal, quien previamente fue magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad tiene estudios en derecho penal y 35 años trabajando dentro del sistema de justicia guatemalteco.
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Uno de los retos de Porras será dar seguimiento a varios casos de alto impacto que la fiscalía investiga y fueron iniciados por su predecesora, como las acusaciones contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. Al respecto, Aldana anunció el miércoles, en su último día de labores, que habría suficientes evidencias para solicitar el retiro de la inmunidad del mandatario.
El presidente fue quien eligió a Porras para el cargo en un proceso respaldado por la ley. Sin embargo, la fiscal aseguró que se dará seguimiento a todos los casos que quedaron pendientes, lo que incluiría la investigación que concierne a Morales. “Lo que haremos es trabajar de manera independiente sin compromiso de ningún tipo”, dijo.
Porras, además, deberá de colaborar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que solía trabajar de cerca con Aldana e intenta desbaratar estructuras clandestinas dentro del Estado.
Previo a un acto público donde Porras saludó a los empleados de la fiscalía, se reunió con el comisionado titular de la CICIG, Iván Velásquez. Poco después, él declaró: “fue una reunión muy cordial, creo que fructífera. Señalamos aspectos que tenemos que desarrollar en las próximas reuniones”, y agregó que cuando la CICIG se instaló en el país en 2008 se firmó un acuerdo entre fiscalía y ésta para dar el marco de trabajo de cooperación que ambas instituciones realizan.
Francisco Jiménez, experto en seguridad y analista, dijo que el discurso de toma de posición de Porras era “austero” pues la población requiere de más detalle y de saber en concreto el trabajo que realizará.
La llegada de Porras causa expectativa porque Aldana, su predecesora, llevó a los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom a prisión. Al primero se le investigó y acusó por liderar una red que defraudó al Estado por varios millones de dólares. Al segundo se le señaló por malversar fondos al modernizar el sistema de transporte público.
Pérez Molina, un exgeneral que gobernó entre 2012 y 2015, renunció al cargo por las acusaciones en su contra. Él siempre ha negado los cargos y actualmente está en prisión a la espera de ser juzgado. Colom (2008-2012), por su parte, fue enviado a prisión en febrero pasado a la espera de solventar su situación.