Diferente sectores en Nicaragua han denunciado que, luego de las protestas contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se están presentando muchos casos de persecución penal y laboral a estudiantes y empleados públicos en general, según reporta el periódico local La Prensa.
“Estamos ante la segunda etapa de la represión, esta vez no es con antimotines, bombas lacrimógenas ni balas de parte de la Juventud Sandinista, sino es una represión disfrazada de legalidad, porque utilizan a la Fiscalía, la Policía y el poder judicial como órganos de persecución y represión judicial”, dijo el abogado penalista Nelson Cortez al medio.
El también miembro de la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua señaló que el Orteguismo lo que quiere lograr con su persecución y amenazas es que la gente se desmovilice y deje de participar en las diferentes protestas del país.
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La Prensa reporta denuncias de pobladores de diferentes ciudades nicaraguenses como Ticuantepe, Managua y Bluefields a donde se han presentado allanamientos de moradas sin orden judicial, detenciones ilegales de jóvenes que participaron en la marcha y acusaciones por asesinato y motín en Jinotega.
Además hay reportes de que existe un ambiente laboral de tensión en instituciones del Estado, incluyendo en el poder judicial. También indica que hay despidos en instituciones como el ministerio de Transporte, ministerio de Educación y la Autoridad Portuaria, entre otros. El abogado Cortez, citado por La Prensa, dice que las personas que participaron en las protestas no cometieron ningún delito.