El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estará el miércoles frente a una encrucijada judicial, en la que la Corte Suprema decidirá si va a prisión tras ser condenado por corrupción o si tendrá derecho a apelar a ese fallo en libertad.
Los once magistrados del Supremo analizarán un "habeas corpus" presentado por la defensa de Lula en el cual se sostiene que, aún ratificada la condena en segunda instancia, como es su caso, restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada.
A esa tesis se opone una cautelar dictada por el propio Supremo en 2016, que autoriza el encarcelamiento después de que un fallo haya sido confirmado en segunda instancia.
En el caso de Lula, declarado culpable de haberse beneficiado en forma ilícita de las corruptelas en Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista, la sentencia en la primera instancia fue de nueve años de cárcel, aumentada a doce en una corte superior.
En vísperas de la decisión del Supremo, movimientos favorables y opuestos a la tesis de Lula han convocado diversas manifestaciones, tanto para hoy como para mañana, mientras se desarrolle la sesión.
Ante ese clima, la presidenta del Supremo, Carmen Lucia Antunes, difundió este lunes un mensaje en el que pidió "serenidad" y que "las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social", pues "violencia no es justicia".
En el trasfondo del proceso están también las presidenciales de octubre, para las que Lula ha anunciado su candidatura, a pesar de normas que prohíben a todo condenado en segunda instancia aspirar a un cargo electivo y que el expresidente también pretende contestar, siempre y cuando conserve su libertad. EFE
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