QUITO. El gobierno del presidente Lenín Moreno ofreció reformar este año una controvertida ley de comunicación que permitió aplicar reiteradas sanciones y multas económicas a periodistas y medios, dijo ayer el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Así lo indicó el director adjunto del Comité, Joel Simon, al precisar que le trasladó ese compromiso el titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Andrés Michelena, en un encuentro que mantuvieron en Quito en el marco de la visita que realiza una delegación del CPJ a Ecuador, la primera bajo la presidencia de Moreno.
Asimismo Michelena indicó que en las próximas semanas el mandatario ecuatoriano tenía previsto cursar una invitación formal dirigida a los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.
El responsable del CPJ, dijo haber constatado una atmósfera más propicia para el desempeño de la labor periodística en Ecuador, pese a que aún arrastra la inercia en el plano normativo y legal de la etapa del anterior Gobierno, presidido por Rafael Correa.
Un síntoma de ello, recalcó es que los periodistas abordan ahora temáticas y enfoques no vistos en una década.
“Se ha cambiado el panorama para los medios en Ecuador y hay un cambio en el esfuerzo público. Pero el esquema represivo queda intacto y el verdadero trabajo está por hacer”, manifestó.
La misión se ha reunido en cinco días con cerca de 40 profesionales de un amplio espectro de medios privados así como con algunos cargos públicos en Guayaquil y Quito.
En el centro del debate en buena parte de los encuentros estuvo la reforma la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que según dijo, Moreno “quiere que el esquema sea dentro de la legalidad y cumpliendo con estándares internacionales”.
“Ya no hay dos versiones de la realidad, antes había una versión de los sectores públicos y otros de los medios privados, ahora las perspectivas todavía son diferentes pero se van acercando”, constató Simon al incidir en que “como periodista” considera que no existe “una realidad, pero sí un intento real para llegar a ella”.
Señaló que pese a que siguen en pie las legislaciones de la pasada Administración, el nuevo Ejecutivo ha planteado un “esfuerzo público” por cambiar las cosas.
El propio Correa, en un espacio del canal RT, se hacía eco esta semana de las implicaciones existentes entre los poderes económicos y los medios de comunicación.
Y reiteró su visión al manifestar que es “una contradicción de fondo” el hecho de que “la información, que es un derecho fundamental e inalienable, sea suministrada por empresas con ánimo de lucro”, en crítica alusión a los medios de comunicación privados.
Al respecto, Simon afirmó que “sus motivos son muy dudosos” en particular, cuando la prensa está comenzando a sacar a la luz “la corrupción masiva” que hubo bajo su mandato.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que data de 2013 y fue promovida por Correa con el objetivo declarado de impedir la mala praxis periodística y que incorporó sanciones administrativas y penales a los profesionales y propietarios de medios de comunicación, ha sido duramente contestada por los gremios de prensa como una “ley mordaza” destinada a amedrentar su labor. -AGENCIAS.