WASHINGTON. El gobierno del presidente Donald Trump interpuso una demanda para bloquear las leyes de California que amplían las protecciones a las personas que viven sin permiso en el país, lo que representa la medida más drástica que toma para obligar a las ciudades y estados santuario a cooperar con las autoridades de inmigración.
El Departamento de Justicia argumenta que tres leyes estatales que, entre otras cosas, prohíben a la policía preguntar a las personas su condición migratoria o participar en detenciones relacionadas con inmigración son inconstitucionales e impiden a los agentes federales cumplir su trabajo. En la demanda se menciona como acusados al estado de California, al gobernador Jerry Brown, y al fiscal general Xavier Becerra.
“Pues venga”, dijo el presidente interino del Senado de California, el demócrata Kevin de León, que redactó la ley de estado santuario. Brown y Becerra prometieron ayer que se defenderán ante la justicia de la demanda.
Sigue leyendo: Trump viajaría a California la próxima semana para evaluar prototipos del muro
En una rueda de prensa en la ciudad californiana de Sacramento, Brown consideró que la demanda refleja el deseo de Trump de declarar la “guerra” a California para satisfacer a la parte más radical de su base electoral que quiere medidas más duras contra el estado, hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados.
Brown fue especialmente duro con el fiscal general Jeff Sessions, que ayer acudió a California para dar un discurso y defender la demanda de su Gobierno.
Consideró que, con la demanda, Sessions no está actuando como el máximo responsable de la justicia de EE. UU., sino como uno de los protagonistas de la cadena televisiva conservadora Fox, en un intento por satisfacer a la base de Trump y al propio presidente, que ha amenazado con despedirle en varias ocasiones.
“El Gobierno de Trump está lleno de mentirosos”, llegó a decir Brown, en referencia a las personas cercanas al presidente que han sido imputadas por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar los supuestos lazos entre Rusia y miembros de la campaña de Trump para influir en las elecciones de 2016.
Se eleva la tensión
Este es un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Trump y California, que se ha opuesto al mandatario en diversas cuestiones, como impuestos y la política sobre la marihuana, y se rehúsa a ayudar a los agentes federales a detener y deportar a inmigrantes que viven sin permiso en el país.
Lee también: Trump quitaría aranceles a México y Canadá
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que aumentará su presencia en California y Sessions pretende que se cancele la financiación a las jurisdicciones que rehúsen cooperar.
El Departamento de Justicia también revisa la decisión de la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, de advertir por adelantado sobre redadas de inmigración, lo que permitió a cientos de personas evitar su captura. Schaaf dijo el martes que la ciudad “continuará informando a todos los residentes sobre sus derechos constitucionales”.
Las leyes estatales impugnadas por el gobierno federal fueron una respuesta a las políticas de inmigración de Trump y al temor generalizado entre las comunidades de inmigrantes causado por la campaña en la que él prometió incrementar considerablemente las deportaciones de personas que viven sin permiso en EE. UU. -AGENCIAS.