WASHINGTON. La Asociación de Fiscales Generales Demócratas (DAGA, por sus siglas en inglés) urgió ayer al Congreso de Estados Unidos a que apruebe una solución para los jóvenes indocumentados antes de las vacaciones de Navidad.
En un comunicado, secundado por los 20 fiscales generales, la organización pidió a las dos cámaras legislativas que aprueben una ley que solvente la situación actual de los llamados “soñadores”, después de que el pasado septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara el programa de Acción Diferida (DACA).
Este plan, aprobado en 2012 bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), protegía a los “soñadores” -jóvenes que llegaron como niños al país- de ser deportados mediante la concesión de un estatus temporal y renovable.
“El Congreso debe actuar para asignar un estatus a los jóvenes que llegaron a este país de pequeños y que ahora viven, trabajan y estudian en nuestras comunidades”, afirmaron en el escrito, en el que se refirieron a los “soñadores” como “padres, líderes de comunidades, propietarios de casas y fundadores de negocios”.
La asociación incidió en que “miles de personas empezarán a perder las protecciones de DACA” a partir de marzo, fecha en la que la cancelación del programa entra en efecto y antes de la cual los legisladores deben poner en marcha una nueva regulación.
Los fiscales generales manifestaron que la solución al problema es “críticamente importante” y rechazaron “más retrasos” en la aprobación de una nueva ley.
La regulación que se elabore en el Congreso debería “garantizar que los soñadores puedan continuar prosperando sin miedo a la deportación”, apremiaron en el comunicado.
Los 20 fiscales generales demócratas corresponden a los estados de California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, además del Distrito de Columbia.
En los últimos meses, se han sucedido manifestaciones de miles de personas a lo largo del país pidiendo “Una ley limpia para soñadores” (“Clean Dream Act”).
Con pocas esperanzas
Soñadores y activistas presionaron ayer ante el Congreso en vísperas navideñas con la esperanza de que sea aprobada la ley antes del fin de 2017, pues argumentan que con las elecciones legislativas del próximo año, las prioridades del Capitolio serán otras.
“El Congreso debe actuar. Los republicanos tienen que dejar de pretender que dejar esto para después es mejor, cuando todos entienden cómo funcionan las cosas y que después significa nunca”, declaró Frank Sharry, director ejecutivo del grupo America’s Voice.
Pero muchos asumen como improbable que los demócratas supediten la aprobación de los fondos federales, que deben concretarse antes del viernes para no incurrir en un cierre parcial del Gobierno, a la aprobación del “Dream Act”, que daría residencia legal a cientos de miles de “soñadores”, tal y como se había amenazado.
El Congreso se encuentra actualmente dividido entre la oposición demócrata, unida para regularizar la situación de estos jóvenes, y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera. -AGENCIAS.