La Cámara de Representantes aprobó el jueves un proyecto de ley que ordenaría al Departamento de Estado trabajar con organizaciones no gubernamentales para enviar alimentos, medicinas y asistencia técnica a Venezuela.
La medida, aprobada 388-29 por el pleno de la Cámara, también extiende hasta el 2022 la vigencia de una ley aprobada en 2014 por el entonces presidente Barack Obama para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos o perpetrar actos de corrupción.
El mandato para imponer sanciones que estipula la ley vigente --y que ha permitido a Washington congelar bienes y suspender visas a decenas de funcionarios venezolanos-- culmina en 2019.
El proyecto de ley --de los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, y los demócratas
Hasta el momento el gobierno de Maduro se ha negado a abrir un canal humanitario alegando que no es necesario, pese la aguda escasez de alimentos y medicinas que aqueja a los venezolanos.
El proyecto de ley también daría 180 días al Departamento de Estado para entregarle al Congreso un reporte sobre la vinculación de altos funcionarios gubernamentales venezolanos en actos de corrupción.
Además ordenaría otro informe detallando la cooperación de las fuerzas armadas venezolanas con Rusia.
La Cámara baja acompañó el proyecto de ley con una resolución que exhorta a los mandatarios del continente y a la Organización de Estados Americanos a seguir presionando a Maduro para que libere a los presos políticos, disuelva la Asamblea Nacional Constituyente y convoque elecciones libres y justas.