La conmoción causada por la supresión del Estatus de Protección Temporal, TPS, para más de 55 mil haitianos y nicaragüenses, y la puesta en espera para una respuesta definitiva a los 86 mil hondureños; más la incertidumbre reinante de 200 mil salvadoreños que esperan una notificación sobre el futuro del beneficio, ha calado en algunos legisladores de la Senado de Estados Unidos que apoyan con una iniciativa de ley para este grupo.
En días recientes de manera discreta entró al pleno -en espera que se discuta antes del receso de Navidad- una propuesta de ley elaborada en el despacho del senador de Maryland, Chris Van Hollen encaminada a buscar que a los beneficiarios del TPS se les pueda garantizar un paso a la residencia permanente, bajo algunos criterios.
La propuesta de ley goza del apoyo de un significativo número de legisladores demócratas de la Cámara Alta entre los que figura el también senador de Maryland, Ben Cardin; las senadoras de California Dianne Feinstein y Kamala Harris; los de Massachussets, Elizabeth Warren y Edward Markey; de Nevada, Harry Reid y Catherine Cortez-Masto, más la senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand, y los de Road Island, Sheldon Whitehouse y de Hawai, Mazie Hirono.
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Esta propuesta de apenas 13 páginas tendiente a llamarse “Ley de ambiente seguro de países bajo represión y emergencia” o “SECURE Act”, detalla de manera específica los criterios con los que serían elegibles para alcanzar la residencia permanente aquellos beneficiarios del TPS que al mes de enero de 2018 mantengan el beneficio migratorio, y para los que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, debería diseñar el mecanismo de ajuste del mismo, según los preceptos del borrador.
El arquitecto de esta medida, el senador Chris Van Hollen, considera que se trata de una legislación muy simple que trata de dar una respuesta ante un problema creado al poner a tambalear un beneficio migratorio que estaba establecido con personas que han demostrado ser trabajadores honestos y laboriosos que contribuyen a Estados Unidos.
“Esta legislación es muy simple dice que no deberíamos deportar a estas personas amparadas con un estatus de protección y que están contribuyendo muchísimo a nuestro país; condenarlos a ser deportados hacia países a lugares que son peligrosos y donde pondrían sus vidas en riesgo es realmente injusto”, explicó Van Hollen.
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Al conocerse este borrador que por ahora es el único sobre la mesa para buscar una salida para los miles de inmigrantes amparados al TPS, activistas y líderes sindicales como el salvadoreño Jaime Contreras, vicepresidente del 32BJ SEIU, la mayor sindical de trabajadores de servicios en la costa este, confía en que este proyecte logre calar en ambas Cámaras del Congreso.
Para Contreras es claro, a razón de estudios realizados por influyentes instituciones que sirven al mismo gobierno federal, que los trabajadores amparados con el TPS: salvadoreños, hondureños y nicaragüenses más de 15 años han demostrado que son personas respetuosas de la ley, que pagan sus impuestos cada año y que no significan ningún peligro ni carga para el gobierno.
Además de ofrecer su fuerza laboral en sectores estratégicos del crecimiento y que otros grupos étnicos no están dispuestos a asumir, como las duras faenas en la construcción y otros servicios de mano de obra calificada.
“También estos hombres y mujeres son más prósperos que los trabajadores nacidos en Estados Unidos en el sentido de crear pequeños negocios y ofrecer habilidades especiales que serían difíciles de reemplazar. Poner fin a TPS pondría más de 60,000 hipotecas en todo el país en riesgo de ejecución hipotecaria”, comenta Contreras.
El borrador presentado por Hollen define los mecanismos de elegibilidad como que el beneficiario del estatus debe haber permanecido por lo menos 3 años en Estados Unidos al momento de hacer la petición de ajuste.
También incluye el requisito crucial para los mayores detractores de beneficios migratorios para inmigrantes bajo los preceptos de seguridad. Van Hollen y sus colegas se han asegurado que se incluya con claridad la verificación de antecedentes penales y de seguridad establecidos por el DHS para cada caso que calificaría.
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Durante la presentación del proyecto de ley, el Senador Ben Cardin, explicó que esta legislación surge como una vía confiable para empezar a organizar el sistema migratorio y ante el desmantelamiento por parte del ejecutivo estadounidense actual, de beneficios ya establecidos como el TPS y Programa de Acción Diferida, DACA, para jóvenes que llegaron siendo niños.
“El Congreso debe aprobar esta ley porque debemos dar prioridad a estas personas que están en situación incierta”, explico el senador Cardin, la tarde viernes cuando presentaron el proyecto, que no ha tenido eco en la prensa nacional ni extranjera.
Por su parte el salvadoreño Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos, CARECEN, en Washington, explica que con esta legislación se podría sellar uno de los baches que se han creado con las nuevas disposiciones arbitrarias en materia de inmigración.
“Las más de 300 mil personas que están bajo el Estatus de Protección Temporal son nuestros vecinos, amigos y miembros de la comunidad que contribuyen a nuestra cultura, y aportan unos 4 mil 500 millones de dólares anualmente al crecimiento económico de este país. No podemos ser indiferentes y debemos actuar”, alega Núñez para que esta legislación llegue al pleno del Senado y supere la complicada aritmética legislativa de ambas cámaras.
Esta medida amparada por la bancada demócrata podría superar el voto y llegar a debate, pero debería sortear la desventaja que enfrenta ante la bancada republicana que goza de una ajustada mayoría en la Cámara Alta. La Casa de Representantes, de también mayoría republicana debería debatir sobre esta legislación, y solo después de aprobada por el pleno pasaría al Despacho Oval para la firma del presidente Donald Trump, que tendría la última palabra.