El mundo, las personas, están en riesgo cuando están permanentemente vigilados, como pasa con los datos que se mueven en Internet, y de allí que proteger esa información es importante, a juicio de José Luis Piñar Mañas.
Este experto en derecho administrativo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España, goza de una larga trayectoria en el campo del derecho en las áreas de protección de datos de ciudadanos en la Unión Europea, y más recientemente como miembro del equipo especial de Google para valorar las aplicaciones legales de un mandato del conglomerado de naciones para el gestor de búsquedas en Internet.
En días recientes Piñar Mañas asistió al Diálogo Interamericano en Washington donde se presentó un estudio que genera preocupación sobre el impacto de esa normativa europea y el derecho a la información y libertad de expresión en las américas, por el choque en los enfoques y aplicaciones.
Esta es la plática con él.
Su postura marca una diferencia sobre lo que plantea la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. ¿En qué momento puede haber coincidencias?
Yo creo que la situación nos está llevando a confluir en un punto de encuentro, porque es verdad que en América se aprobaron antes las leyes de transparencia y después las de protección de datos, cosa contraria en Europa. Por ejemplo, la Ley de Transparencia española es de 2013, y la protección de datos de 1992, en América Latina se va más de una cultura necesaria de transparencia a una cultura sobrevenida de protección de datos, y en Europa, al contrario; pero en algún momento se tendrán que encontrar. La protección de datos y la transparencia son imprescindibles en una sociedad democrática.
¿Dónde radican las diferencias que se plantean sobre el “Derecho al Olvido” en Europa y el derecho a la información y de expresión en las Américas?
El derecho al olvido, tal como está planteado ahora es jurídicamente reciente porque parte de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014, pero, aunque se haya configurado en esa sentencia no es algo nuevo, el derecho al olvido ya venía existiendo desde antes.
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¿Tiene sus orígenes en la década de 1970?
Si, la primera Ley de Protección de Datos se aprobó en los años 70 en Alemania, no de privacidad, porque privacidad y protección de datos no son lo mismo; la protección de datos hace referencia a cualquier dato privado o no; el derecho a la privacidad ya existía desde antes. Pero el derecho a la protección de datos es más reciente, y como parte de este derecho nos encontramos con el Derecho al Olvido, que es el derecho a eliminar información de los buscadores aunque permanezca en los editores.
¿Ese es el planteamiento final de la sentencia del Tribunal Europeo?
En efecto, eso fue lo que se planteo el tribunal y afirmó la existencia de este derecho y la posibilidad de que cualquier persona plantee ante los buscadores de Internet, no solo ante el editor de la información, el deseo de cancelación o de desindexación. Esto tiene muchos problemas porque al final es la empresa que gestiona el buscador, que es una entidad privada la responsable de tomar la decisión de si elimina o no una información, y para eso tiene que muchas veces que ponderar derechos como la protección de datos, pero también la libertad de información y expresión.
¿Ese es el buen punto de debate no?
Claro. Como se consigue un equilibrio entre los dos derechos de manera que ninguno de los dos desaparezca, que la libertad de información no elimine la protección de datos, pero que la protección de datos tampoco elimine la liberta de información. Por otro lado, está el tema de la aplicación extraterritorial del régimen jurídico europeo.
¿Cómo han surgido las oficinas de protección en cada país y con que mecanismo las personas pueden acudir a ellas?
En Europa a través de una directiva surgida en el año de 1995 se estableció como obligatorio que todos los estados miembros de la Unión Europea debían de contar con una autoridad de protección de datos, independiente, que garantizara ese derecho frente a cualquiera, desde el uso que podría hacerse en el sector privado como también en el sector público. Se mando dotarles de recursos para cumplir su misión. En América Latina hay varios países que ya cuentan con estas instancias como México, Argentina, Uruguay, entre otros.
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¿Estas oficinas en Latinoamérica tendrían el mismo rol que las de Europa?
Digamos que si, estas son las autoridades que en su caso deberían resolver los problemas que se planteasen, hablando del derecho al olvido, entre quien pide la desindexación al buscador y la solución que adopte el buscador, porque este podría decir: No se puede desindexar, entonces eso lo podría definir la autoridad protectora de datos. Y serían esas autoridades que tomarían una decisión. Pero si la persona particular no esta satisfecha con una decisión tomada por esa autoridad podría ir a los tribunales, es un estándar muy semejante entre todos los países de la Unión Europea.
¿Cuán razonable es que una persona tenga que hacer tramites para borrar cosas de su pasado en un mundo tan complejo como el virtual?
Este es quizá el gran debate porque aquí juegan dos principios: primero que no podemos estar condenados a la memoria permanente, hay cosas de nuestro pasado que no tienen porque seguir presentes cuando ya no son ni relevantes ni importantes y que no interesan a nadie más que a los particulares y a su entorno y por lo tanto afectan su privacidad, por otro lado el Tribunal Supremo Español dijo que no podemos reconstruir nuestro pasado, borrando la información que no nos gusta y manteniendo la que nos gusta.
¿Eso plantearía una ilegalidad?
El Tribunal Supremo dijo que esto no se puede hacer. Que los demás solo sepan lo bueno de nosotros. Eso es ilegal también, el tribunal dijo: “usted tiene derecho al olvido, pero no solo a que se olvide esto”, ese es el tema. Hasta que punto estamos obligados a que se siga sabiendo todo de nosotros incluso lo no relevante.
¿Cree que usted que sería mejor que cada país legislara de manera pormenorizada para aplicar mejor esas dimensiones de los derechos?
Como todo aquello que tiene que ver con derechos fundamentales la zona de incertidumbre es muy amplia, hay casos clarísimos en los que hay que desindexar, hay otros en los que es claro que no se debe, pero lo intermedio es lo que no se sabe que hacer. Regular para aportar criterios, pues podría ser una opción.
¿Qué ventajas y desventajas presenta este mundo virtual donde nuestra información personal forma parte del gran banco de datos colectivo y donde no hay límites?
La realidad virtual ha acabado con los parámetros en los que se ha movido el ser humano en toda su historia, que es el tiempo y el espacio; las cosas sucedían en un lugar determinado y luego pasaban y se olvidaban. Pero hoy se sabe todo; la innovación tecnológica trae consigo eso, que se puede saber todo de todos al instante y por siempre. Hay beneficios como que se democratiza el saber, la cultura y el acceso a la información y se facilita la libertad de expresión, se lucha contra las dictaduras etc. Por otro lado, hay riesgos al permitir que todos estemos vigilados y controlados, que se sepa todo de nosotros, que se pueda tomar decisiones con información que está en Internet sin ni siquiera enterarnos.
Se empezó jugando con la idea del “Big Brother” a finales de los años 90, pero poco a poco esa “realidad” de la pantalla chica se ha transferido a la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
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Muy interesante su punto. Hay que ver que es importante en esta discusión el “big brother” (gran hermano), pero hay que ver también al “small brother” (pequeño hermano) eso de estar captados por videocámaras que no sabemos de quien son, que páginas web tengan nuestros datos sin saberlo nosotros, que nuestra información personal esté en manos de todos, eso es delicado. Se capta información de pequeños hermanos que al final la consigue el gran hermano. Hoy en día es una realidad.