El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, dijo ayer que los acusados en causas por corrupción apuestan a estancar los procesos como un modo de obtener impunidad.
El colombiano Iván Velásquez sostuvo que el fervor ciudadano, que en 2015 impulsó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos acusados y procesados actualmente por corrupción, está siendo afectado por los retrasos en el avance de las causas judiciales.
Los acusados tienen un propósito, dijo, “que los casos se estanquen, lo que genera un desánimo en la población”.
Velásquez habló durante la presentación de un informe en el que la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el Poder Judicial en Guatemala está poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción emprendida por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, como es el caso contra el expresidente Pérez Molina.
Daniel Wilkinson, director para las Américas de HRW, dijo que la responsabilidad recae en las cortes debido a la demora en los procesos y la falta de voluntad del Poder Judicial para establecer reglas claras en el manejo de estos casos y sancionar los litigios maliciosos.
Según el informe, los acusados con poder hacen lo posible, a través de recursos legales, para que sus causas recaigan en jueces afines que puedan manipular.
Agregó que también buscan que expire el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 y de la actual fiscal general en mayo de 2018, quien ha impulsado de forma activa los casos investigados por la CICIG, un organismo de la ONU.
Tácticas dilatorias
El informe cita dos recursos legales que abogados utilizan reiteradamente para frenar los procesos: el amparo y la recusación.
La ley guatemalteca establece que cualquier materia es susceptible de un amparo y la recusación permite pedir el retiro de un juez cuando una de las partes considera que puede ser parcial.
“La figura del amparo está desvirtuada y prostituida” porque es usada para retrasar los procesos, dijo el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.
El informe, que analizó ocho casos de alto impacto, explicó que una de las causas que está en riesgo es la de Pérez Molina, a quien un juez ha enviado a juicio por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito por varios millones de dólares.
Durante el proceso ya se han presentado más de 100 recursos legales.
El trabajo de la CICIG también se ha visto afectado por el Poder Ejecutivo.
En agosto el presidente Jimmy Morales intentó, sin éxito, expulsar a Velásquez después que la CICIG y la Fiscalía General solicitaron retirarle la inmunidad al mandatario para investigarlo por supuesto financiamiento electoral ilícito.
La decisión de Morales provocó una crisis gubernamental y críticas de la comunidad nacional e internacional.
El gobierno de Guatemala aún insiste en la salida del país de Velásquez, por lo que ha pedido a Naciones Unidas discutir el mandato de la comisión que en uno de sus artículos establece cómo resolver diferencias.
Estas tácticas podrían ser el ocaso de lo que se denominó “la primavera centroamericana” por las protestas ciudadanas pidiendo transparencia.