Uno de los informes en los que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) ha sido más crítica en la 73 Asamblea General que se realiza en Utah, Estados Unidos, es sobre Venezuela.
En el documento se indica que “el régimen de Nicolás Maduro a continuación del de Hugo Chávez, avala el principio de que en una dictadura, la libertad de expresión es siempre la primera víctima. La prensa como uno de los vehículos que hace posible su ejercicio es el blanco prioritario”.
Explica ampliamente cómo el gobierno de Maduro censura cada vez a los medios críticos e independientes, mediante mecanismos que van desde demandas judiciales por difamación, amenazas a periodistas, cierre de medios, bloqueo de sitios web y plataformas digitales, detenciones arbitrarias y juicios militares a periodistas, hasta formas más “sangrientas” de censura.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ayer expuso sobre la situación en Venezuela en el marco de la Asamblea General de la SIP, destacó que Maduro quiere “periodistas a la medida”.
Y en el informe se expone que “el mero hecho de cubrir una manifestación pública en contra del gobierno puede ser calificado como un acto “terrorista” o “enviar un tweet, pintar una caricatura o hacer un chiste, puede tener consecuencias penales severas”.
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De acuerdo con el documento colgado en el sitio web de la SIP, en Venezuela “no hay ningún medio de comunicación, opinión o información que haya escapado a la censura” sin importar sin son locales o extranjeros.
En ese país suramericano, “cualquier forma de expresión, incluyendo la simple protesta del ciudadano en la calle o el comentario del ama de casa en un auto mercado, es objeto de la represión más severa”, dice el informe.
Venezuela vivió este año cuatro meses de protestas contra Maduro, las cuales dejaron casi 100 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Los venezolanos salieron a las calles a reclamar desde comida y medicinas, hasta libertad de los presos políticos y elecciones libres.
México: 10 periodistas asesinados este año
Otro país, cuyas condiciones para ejercer el periodismo son adversas es México.
Según el reporte en el sitio de la SIP, en ese país la prensa ha sufrido una escalada de violencia, la cual ha dejado siete periodistas asesinados desde la reunión de Antigua el año pasado y que en este año ya van 10.
En el informe se citan datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la violencia contra periodistas, cuya entidad estima que desde 2000 hasta la fecha han ocurrido 130 homicidios, 38 de estos casos se dieron durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
“Se vive un clima constante de agresiones, muchas de ellas cometidas por funcionarios públicos”, consigna el documento.
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Agrega que el alto índice de impunidad y de inseguridad en la que trabajan los periodistas en México queda evidenciada en la falta de resultados de investigaciones que deriven en el castigo a los responsables de los asesinatos y de las agresiones.
También se menciona que Artículo 19 documentó 276 agresiones contra la prensa este año, lo que significa un incremento del 23 % comparado al mismo período en 2016. Y dice además que la CNDH asegura que solo en el 10 % de los casos existe sentencia condenatoria. “El resto no se investiga y queda en la impunidad”, señala el informe.
En Cuba y Bolivia
Sobre Cuba, la SIP apunta que la situación de la libertad de prensa se ha agravado debido al incremento de las agresiones en contra de periodistas independientes y hasta de sus familiares, y usuarios de las redes sociales por parte de los órganos policiales del Ministerio del Interior y la colaboración del Ministerio de Justicia cubano.
Se señala que los incipientes medios de prensa no solo enfrentan la agresividad de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado, sino que también se suman las limitantes legales y las precarias condiciones económicas para realizar la labor periodística independiente.
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Y un factor que destaca es que las agresiones también están dirigidas contra nuevos proyectos de comunicación en la isla como como Convivencia (en Pinar del Río), Palenque Visión (en Guantánamo) y La Hora de Cuba (en Camagüey).
Otro gobierno cuestionado por la restricción a la libertad de prensa es Bolivia.
En el informe se expone que el gobierno de Evo Morales usa el “estigma social” como instrumento de ataque verbal contra medios de información, reporteros y camarógrafos, lo cual genera preocupación en la SIP porque ese mensaje se traduce en violencia contra el trabajo periodístico.
Explica que funcionarios y políticos oficialistas usan calificativos como “oposición” y “cártel de la mentira” para referirse a medios y periodistas independientes, “con la finalidad de desviar la atención de denuncias de corrupción en diferentes niveles de gobierno, central y locales”, apunta.