El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró ayer a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como persona non grata y ordenó su expulsión inmediata del país.
“En el ejercicio de mis facultades constitucionales, de conformidad con (...) la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República por los intereses del pueblo, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez”, anunció Morales en un vídeo difundido en horas de la mañana.
El mandatario le instruyó al Ministro de Relaciones Exteriores hacer cumplir esta medida para asegurar la salida del comisionado anticorrupción.
Pese a que el mandatario indicó que su medida se ampara en tratados internacionales y en las disposiciones constitucionales relativas a la soberanía nacional, grupos de sociedad civil rápidamente denunciaron que la declaración implica un conflicto de interés.
Esto a raíz de que el decreto presidencial sucedió dos días después de que el comisionado Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana solicitaron antejuicio contra el mismo presidente por presunto financiamiento ilícito de campaña, pues su partido, FCN-Nación, no logró justificar el origen de 6.2 millones de quetzales (unos $920,000) durante la campaña que llevó a Morales al poder en 2015.
Asimismo, el hermano e hijo del presidente están sindicados a un presunto caso de corrupción conocido como “Botín Registro de la Propiedad”.
Ambos enfrentan acusaciones por peculado y el hermano del mandatario también irá a juicio por supuesto lavado de dinero.
Días antes del decreto de expulsión del jefe de la CICIG, el mandatario guatemalteco hizo una visita exprés a Nueva York, donde se reunió con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y se quejó del rol que está jugando Velásquez en su cargo. También pidió más límites a la Comisión contra la impunidad.
Sin embargo, no fue sino hasta el domingo en la mañana cuando el mandatario hizo oficial lo que por días permaneció solo como un rumor.
Estos movimientos del presidente motivaron a que miembros de organizaciones de la sociedad civil presentaran recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y así prevenir posibles intentos de remoción del comisionado.
Amparan a comisionado Iván Velásquez
Ante la serie de recursos presentados en la Corte de Constitucionalidad (CC), buscando prevenir la expulsión de Velásquez, este tribunal constitucional sesionó de emergencia ayer por la mañana y amparó provisionalmente al comisionado, poniéndole un alto a la declaración de persona non grata y su expulsión.
Con ello, el funcionario anticorrupción permanece en su cargo. Asimismo, la fiscal general Thelma Aldana anunció que mientras Velásquez se quede, ella no renunciará.
Ambos han trabajado juntos desde 2015 en el destape de significativos casos de corrupción que incluso llevaron a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti.
Además de los magistrados de la CC, otros funcionarios adversaron la medida de Morales. El canciller y el vicecanciller se negaron a ejecutar la orden de expulsar a Velásquez del país y fueron destituidos por el presidente.
Asimismo, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, sus viceministros y su equipo de asesores presentaron su renuncia.
La ahora exfuncionaria afirmó que “se vuelve ética y políticamente inviable continuar con plan de salud, en un gobierno que termina favoreciendo impunidad y actores corruptos” y añadió que sin institucionalidad sólida, no hay ninguna política pública que tenga sostenibilidad.
Asimismo, el director del Instituto de Fomento Municipal, Enrique Godoy, renunció de su cargo y afirmó “no sentirse cómodo” con lo dispuesto por Morales.
Advierten consecuencias
Tras el anuncio del presidente Jimmy Morales, Eliot Engel, influyente congresista estadounidense, solicitó al Legislativo de EE. UU. y al Departamento de Estado revisar la cooperación que se da a Guatemala, pues a su juicio, esta ha dejado de lado el compromiso de luchar contra la corrupción. Asimismo, la legisladora guatemalteco-estadounidense Norma Torres lamentó la afrenta a Velásquez.
También condenaron el accionar del presidente guatemalteco miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y el mismo secretario general de la ONU se mostró “sorprendido” por la medida.
Vuelven a la plaza
El 27 de agosto de 2015, en medio del proceso que llevó al expresidente Pérez Molina a prisión, los guatemaltecos celebraron un paro nacional que aceleró la renuncia del exmandatario.
Dos años después, miles de ciudadanos volvieron a las calles a exigir que los avances dados por Guatemala en el combate a la corrupción no se detengan. Además, pidieron la renuncia del presidente, al que declararon non grato, y repitieron la consigna “Iván (Velásquez) se queda”.