La Asamblea Constituyente de Venezuela aprobó este viernes un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso, controlado por la oposición.
Los constituyentes oficialistas aprobaron el decreto que les permite "legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preminencia de los derechos de los venezolanos".
La medida también los autoriza a dictar actos parlamentarios en forma de ley. El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, no acudió hoy ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, a subordinarse a este órgano plenipotenciario, que ha citado este viernes a su sesión a la directiva de la Cámara.
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"Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999", se lee en un comunicado del Parlamento emitido antes de que empiece la sesión de la Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente es considerada un órgano que usurpa el poder legislativo y la soberanía popular por el Parlamento, que ve en esta junta un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en Venezuela.
La presidenta de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, había convocado ayer a la directiva del Parlamento a la sesión de la asamblea que encabeza en el Palacio Federal Legislativo.
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El Parlamento es el único de los 5 poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la Constituyente, después de que sí lo hicieran el propio presidente Nicolás Maduro y los titulares de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
El comunicado del Parlamento es una extensa carta abierta a la nación en la que repasa las razones por las que repudia esta Asamblea instaurada por el oficialismo el 4 de agosto sin un referendo previo de aprobación, que ya ha cesado a la fiscal crítica con Maduro y amenaza con llevar a la cárcel a los líderes de oposición.
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Según el escrito, firmado por el presidente de la Cámara, Julio Borges, este órgano "no es una auténtica asamblea constituyente" sino "un poder de facto" que "pretende perpetuar" a Maduro en el poder, que fue "avalada por 2 millones de personas" nada más y no por los 8 millones que según el Poder Electoral eligieron a sus miembros el 30 de julio.
Según la carta, la Constituyente -que ejercerá su poder absoluto durante dos años para refundar el Estado- no hace más que contribuir a la "pobreza material" y supone un "secuestro de los derechos políticos y la destrucción de las instituciones democráticas" en Venezuela.
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"Se quiere que todos los poderes del Estado respondan al Ejecutivo", reza la misiva, que pide a las Fuerzas Armadas valentía para "defender la Constitución" y cumplir su juramento de proteger al pueblo.
"Tenemos el deber de permanecer del lado de la Constitución de 1999 y de los más de catorce millones de electores que nos convirtieron en legítimos representantes de la soberanía popular", añade, en alusión al número de votantes en las legislativas de 2015, las últimas con participación de la oposición celebradas en el país.
El Parlamento recuerda que para los venezolanos "el sufrimiento durante estos años ha sido profundo, especialmente en los últimos meses".
El Legislativo se compromete a seguir luchando para acabar con una situación de "pobreza, despedidas por migración, muerte, violencia, torturas y asesinatos" de la que responsabiliza al chavismo gobernante.