Odebrecht se comprometió a pagar a Panamá una multa de 220 millones de dólares y a suministrar información de los panameños vinculados a los sobornos entregados por la constructora brasileña en momentos en que crece internamente la presión para que se devele a los involucrados en esa trama de corrupción que salpica a Panamá y otras naciones latinoamericanas.
El compromiso es parte de un acuerdo firmado el 26 de julio por la constructora y las autoridades panameñas, dijo en rueda de prensa la fiscal general Kenia Porcell, agregando que el pacto permitirá que en poco tiempo, probablemente antes de que termine el año, se alcancen resultados en las investigaciones.
De esa manera, “terminaremos de marcar un antes y después en la lucha contra la corrupción, en la medida que se haya desmantelado una estructura de crimen organizado de movimiento de dinero público”, enfatizó.
Horas después del anuncio, activistas de la sociedad civil se disponían a marchar por el centro capitalino para exigir a Porcell una investigación rápida y abarcadora.
Mediante el acuerdo, añadió la fiscal general, Odebrecht compartirá declaraciones de ejecutivos procesados en Brasil y permitirá que investigadores panameños viajen a la nación sudamericana en procura de testimonios que tengan que ver con los sobornos pagados en Panamá. Entre tanto, del total de la multa, 100 millones es la sanción a la empresa por utilizar el centro financiero panameño para mover dinero de los sobornos a otras jurisdicciones como Estados Unidos y Suiza, lo que conlleva el delito de blanqueo de capitales, detalló Porcell.
El acuerdo “presenta grandes ventajas para el país en la parte penal”, subrayó.
El anuncio tiene lugar después de que un antiguo colaborador de Odebrecht implicara al presidente Juan Carlos Varela con la asediada empresa brasileña al señalar el viernes en una entrevista con el diario español El País que el gobernante habría recibido aportes de esa transnacional para la campaña que lo llevó al poder en 2014. Varela insiste en rechazar esos señalamientos.
Porcell, designada al cargo por Varela y a la que algunos sectores cuestionan de adormecer las investigaciones sobre Odebrecht, subrayó que hasta el momento y sin acuerdo alguno con la empresa, su despacho abrió 26 investigaciones, procesa a 43 personas -entre ellos 24 panameños, 13 brasileños, dos andorranos, un peruano, un uruguayo y un británico- y ha localizado alrededor de 56 millones de dólares en efectivo y bienes producto de la trama de corrupción. Agregó que entre los panameños vinculados figuran familiares de altos funcionarios de anteriores gobiernos y del actual.
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Aunque no los mencionó, entre los señalados están dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli -antecesor de Varela- contra quienes existen órdenes de detención internacional. No hay ningún detenido por los sobornos hasta el momento.
En un acuerdo de culpabilidad entre Odebrecht y las autoridades judiciales de Estados Unidos el año pasado se informó que los sobornos entregados en Panamá en el periodo 2010-2014 alcanzaron 59 millones de dólares, aunque el propio contralor o fiscalizador de las cuentas del Estado panameño estima que ese monto es mucho mayor.
Odebrecht se convirtió desde 2004 hasta la fecha en el mayor contratista del Estado en Panamá con licitaciones alcanzadas por más de 9,000 millones de dólares, incluyendo la construcción de la segunda línea del metro capitalino, una de las obras referentes del gobierno de Varela y por la que se le cuestiona recurrentemente debido a que fue otorgada pese a que ya se dilucidaba el escándalo de la empresa en Brasil.