Chile avanza en la despenalización del aborto

Tanto la mujer acusada de aborto como el médico que la trate enfrentan penas de cinco años de cárcel. Los hospitales deben denunciar esta práctica en Chile.

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Foto/ Archivo

Por Agencias

19 July 2017

SANTIAGO. Senadores chilenos dieron ayer un paso para avanzar hacia la despenalización del aborto en ciertos casos en Chile, uno de los países tradicionalmente más conservadores de Latinoamérica.

La cámara alta aprobó por mayoría que no se castigue el aborto cuando esté en riesgo la vida de la madre, por inviabilidad del feto o en caso de una violación.

La reforma legal fue devuelta a la Cámara de Diputados, donde se espera que sea aprobada porque el gobierno cuenta con mayoría. El trámite debía realizarse ayer, pero la ausencia de dos tercios de los diputados hizo que se postergara hasta hoy.

Durante un acto oficial, la presidenta Michelle Bachelet comentó la noticia: “Más allá de que cada cual pueda tener una opinión personal, lo que permite esta ley es que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, puedan tomar la mejor decisión posible”, señaló.

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Ante la aprobación de ayer en el Senado, legisladores del bloque opositor derechista Chile Vamos anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para demostrar que el proyecto contraviene la Constitución, una táctica que surtió resultados con otras normativas en el pasado. Si el bloque efectivamente llega hasta el Tribunal, Bachelet no podría promulgar la ley sino hasta tener la respuesta del organismo, que en la práctica actúa una tercera cámara.

De salir adelante, Chile dejaría de ser uno de los tres países latinoamericanos que aún prohiben el aborto bajo cualquier circunstancia junto a Nicaragua y El Salvador.

Con la ley actual, una mujer sorprendida en un aborto enfrenta cinco años de cárcel, la misma pena que se aplica al médico o persona que lo practique. Si una mujer llega a un hospital con síntomas de haber abortado, debe ser denunciada a la policía para evitar una sanción judicial.

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Chile es considerado como uno de los países más conservadores de la región. El divorcio fue considerado ilegal hasta 2004 y aunque el matrimonio homosexual no está permitido, en 2015 se dieron las primeras uniones civiles entre parejas del mismo sexo.