CARACAS. Dos sobrinos de Cilia Flores, la mujer del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, acusados de cargos de narcotráfico, confesaron estar involucrados en una red de narcotráfico tras ser detenidos en noviembre por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), según ha revelado un documento judicial.
Se trata de Francisco Flores de Freitas y de Efraín Antonio Campo Flores, quienes fueron apresados en noviembre del año pasado en Puerto Príncipe, en Haití, por la policía local y entregados a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense.
En su defensa, el que era entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llegó a decir que Estados Unidos “secuestró” al sobrino y al ahijado del gobernante del país, y los acusó de narcotráfico para influir en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, palabras que matizaría posteriormente diciendo que lo que hizo la Agencia Federal Antidrogas “es algo muy extraño”, y que todo quedaría aclarado.
Y así ha sido porque, según los documentos de la DEA, los acusados han admitido tener un plan para recibir cocaína que proveía las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los detalles de las confesiones de Francisco Flores, de 30 años, y Efraín Antonio Campos Flores, de 29, han aparecido contenidos en unos documentos que fiscales estadounidenses presentaron el viernes en un tribunal federal de Manhattan, Nueva York.
Preguntados sobre la razón para formar parte del trato, Flores aseguró que “para ganar dinero”. En concreto, esperaban ganar $5 millones con la primera carga de droga.
Los resúmenes de las entrevistas fueron presentados por la Fiscalía como prueba contra los acusados que decían haber permanecido en silencio debido a que no entendían plenamente sus derechos bajo la ley norteamericana.
Ambos hombres fueron detenidos sin fianza desde su arresto en noviembre del año pasado, tras ser acusados de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.
Los fiscales alegan que Campo y Flores realizaron el acuerdo para trasladar las drogas en aproximadamente dos meses. Afirman que inicialmente la DEA fue informada por un testigo cooperativo en silla de ruedas de apodo “El Sentado”, quien se reunió en Honduras con Campo y Flores y tres semanas después del arresto de los acusados fue asesinado en ese país.
Como parte de la investigación de la DEA, se enviaron fuentes confidenciales a Caracas para reunirse con los dos jóvenes. Los documentos de la corte incluyen fotos supuestamente tomadas de un video secreto de dichas reuniones en la que según los fiscales se ve a Campo examinar un paquete de cocaína mientras utiliza guantes de plástico, mientras Flores observa. Campo supuestamente señaló que la droga provenía de las FARC.
Durante las reuniones, Campos supuestamente se jactó de poseer varios Ferrari y de estar en “guerra” con Estados Unidos y la oposición de Venezuela. También describe conexiones de alto nivel con el gobierno, que facilitarían el paso de las drogas a través del aeropuerto internacional de Caracas y evitar que el avión con el cargamento sea seguido por las agencias de la ley. Señalaron: “(el avión) sale como... si alguien de nuestra familia estuviera a bordo”, según una declaración de los fiscales en el distrito sur de Nueva York.
En los documentos de la corte, Campo insinuó inicialmente a los agentes que el traslado de cocaína era para financiar la campaña de Cilia Flores al Congreso. “Sé que dije eso, pero en realidad era para mí”, cita un documento de la corte que Campo le dijo eso a un agente de la DEA.
“Campo afirmó que amigos en el negocio del narcotráfico le dijeron que se cuidara de no ser robado, por lo que hizo esa declaración sobre la campaña de su madre por protección”, escribió el agente de la DEA en el reporte tras al arresto.
En realidad, Campo dijo que tenía problemas financieros, y ganaba apenas $800 a la semana de una flota de taxis que tenía en Panamá, según los documentos. También describió que fue desairado por su primo, Erick Malpica Flores, en ese momento director de finanzas de la paraestatal petrolera PDVSA, en un plan para cobrar comisiones a los comercios que intentaban cobrar adeudos de la compañía.
Campo, de 29 años, dijo que quería ganar $20 millones de varios cargamentos de drogas, suficientes para irse a vivir a Estados Unidos con su esposa y su hijo. Afirmó que su familia “lo mataría” si supiera lo que hace, de acuerdo a los documentos.
Estados Unidos ha incrementado constantemente la presión en los miembros de alto rango del ejército, policía y régimen de Venezuela por su papel en convertir al país en una importante zona del tránsito de drogas. Varios funcionarios venezolanos, incluyendo un ex ministro de defensa y jefe de inteligencia militar, han sido procesados o sancionados en EE.UU., y varios más están bajo investigación.