La Fiscalía de Guatemala imputó hoy a 30 personas acusadas de participar en un caso de saqueo al Estado, una trama supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Los acusados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los dos entes que descubrieron la red, fueron divididos, para su imputación, en cuatro grupos: financistas, equipo, contratistas y lavadores.
En el segundo día de audiencia, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) imputó dos delitos de asociación ilícita y financiación electoral ilícita a 12 supuestos financistas del expresidente y la ex vicepresidente Roxana Baldetti, quienes llegaron al poder el 14 de enero de 2012.
El Partido Patriota (PP), al que pertenecía el ex binomio Presidencial, recaudó fondos para las campañas de 2008 y 2011, con aportes de este grupo de financistas que van desde los 400.000 hasta los 11 millones de quetzales (52.220 a 1,43 millones de dólares), a cambio de contratos cuando Pérez Molina y Baldetti llegaran al poder, explicó el fical Julio Prado.
Según la investigación, al asumir los cargos, el PP dejó de recibir financiación, pero la estructura comenzó a percibir el 10 por ciento de comisión de los contratos otorgados por el Estado durante el Gobierno de ambos.
En el segundo grupo, "el equipo", el fiscal imputó a ocho exfuncionarios que fueron utilizados como "operadores" para recibir las comisiones por los contratos otorgados.
En este grupo están, entre otros, el exministro de Cultura y Deportes Dwight Pezzarossi y el exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap) Rudy Gallardo, a quienes se les imputan los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita.
En los "contratistas" la Fiscalía leyó la imputación a 10 personas, que supuestamente se beneficiaron con contratos de la administración pública, dirigida por Pérez Molina y Baldetti.
Ambos se encuentra en prisión desde el año pasado, acusados de dirigir la trama de defraudación aduanera autodenominada como "La Línea" desarticulada en abril del 2015.
El testimonio y las pruebas aportadas por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta ha sido clave para las imputaciones emitidas hoy en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Está previsto que mañana miércoles, a las 9:00 hora local (15:00 GMT), la Fiscalía realice las imputaciones a aquellos acusados de lavar el dinero de la estructura criminal.