Los miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmaron este lunes que el plan del Gobierno para el retorno de exiliados es "engañoso", debido a que no existen las condiciones para el retorno.
"Es engañoso, porque los exiliados no pueden regresar a un país donde los derechos ciudadanos están suspendidos, no satisface el problema de seguridad que los obligó a salir del país", dijo el miembro de la Alianza y jurista, José Pallais, a periodistas.
El Gobierno divulgó hoy su "Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido", cuyo objetivo es promover el regreso de decenas de miles de personas que se fueron al exilio desde abril de 2018, huyendo de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas.
En un comunicado, el Gobierno informó de "la aprobación e implementación de este programa que garantizará el retorno voluntario asistido de los hermanos nicaragüenses en el exterior, asegurando que sean recibidos con fraternidad, cordialidad y solidaridad".
La constitucionalista Azahalea Solís, integrante de la Alianza, criticó la posición del Ejecutivo, de enmarcar el programa en las negociaciones que sostuvo la liga opositora con el Gobierno entre el 27 de febrero y el 3 de abril pasado, ya que el mismo no fue aprobado por las partes.
"La dictadura se autoaprueba acuerdo. Quiere que exiliados regresen confiando en la 'buena' voluntad del Gobierno, cuya represión los llevó al exilio. Y además no quiere garante internacional", sostuvo Solís.
La propuesta del presidente Ortega consiste en tres puntos: Promover el retorno voluntario, "asistido y sostenible"; "garantizar y facilitar el retorno voluntario asistido, digno y humano de conformidad con el respeto de los derechos humanos" y "garantizar el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna".
Asimismo, ofrece dar asistencia en los trámites migratorios y en las aduanas a los exiliados, además de recibirlos "en condiciones de dignidad y seguridad fiscal y jurídica a su llegada", siempre que no hayan sido acusados legalmente o sean prófugos de la justicia.
Pallais afirmó que el plan gubernamental es en realidad una "contrapropuesta" al presentado por la Alianza durante las negociaciones, que incluía la participación de organismos internacionales expertos en el tema, para garantizar la seguridad de los exiliados a su regreso, y que fue rechazada por el Ejecutivo.
El jurista afirmó tener dudas sobre el aporte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunciado por el Gobierno, ya que si bien ayuda al retorno de los exiliados, no garantiza que una vez dentro del país los nicaragüenses no sean asediados o encarcelados.
"Ortega y (la vicepresidenta Rosario) Murillo pretenden engañarnos con su falsa preocupación por los exiliados. No hay garantías de derechos humanos para quienes estamos en Nicaragua, mucho menos para quienes quieran retornar", dijo el estudiante Max Jerez, miembro de la Alianza.
Desde el estallido social decenas de miles de personas, en su mayoría opositores al Gobierno de Ortega, han huido de Nicaragua, muchos por razones políticas y otros simplemente evadiendo el caos, principalmente hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que oenegés locales hablan de 568 las víctimas mortales y el Ejecutivo reconoce 199.
También se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.