El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiniciarán hoy lunes las negociaciones en busca de una salida a la crisis del país, tras una pausa por el fin de semana, en una sesión en la que no estará el cardenal Leopoldo Brenes.
La mesa de negociación se instaló el miércoles pasado y ha celebrado tres sesiones en las que las partes han avanzado lentamente en la definición de la agenda y de los mecanismos del proceso, y en la que se había informado que Brenes, junto al nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, actuaban como testigos.
“Solo estuve el primer día, me invitaron para la oración”, aclaró ayer domingo a los periodistas Brenes, y confirmó que en la sesión de hoy tampoco estará “porque todavía no han terminado” de discutir la agenda.
Brenes también afirmó que sostendrá una reunión con el Episcopado de Nicaragua para ponerlos al tanto de la reunión que sostuvo con el papa Francisco a inicios de esta semana para trata el tema de los abusos en la iglesia.
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Diversos sectores de la sociedad nicaragüense y organismos internacionales han insistido en que cualquier diálogo para solucionar la crisis de Nicaragua debe tener como testigo al Episcopado.
Hasta ahora el Gobierno y la Alianza han avanzado en 9 de 12 puntos discutidos, todos relacionados con aspectos de forma, y los pendientes son asuntos de fondo e incluyen la exigencia opositora de justicia y democracia en Nicaragua, según ha informado la oposición.
También está pendiente el tema de los garantes del proceso, un rol para el que se ha ofrecido a Organización de Estados Americanos (OEA) y que según medios locales están generando controversia en las discusiones de la mesa de negociación, que se reúne a puerta cerrada y bajo total hermetismo.
Casi un año
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reconoce 199 muertos y 340 detenidos, a los que llama “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
Ortega, que lleva doce años seguidos en el poder, no acepta la responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la OEA.
La punta del “iceberg” que destapó la crisis en el vecino país fueron unas fallidas e inconsultas reformas al sistema de pensiones, que fueron revertidas.