Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), muestran que el país estaba en guerra todas las veces que el producto interno bruto (PIB), cayó más que en 2018. Eso fue en 1978 (-7.8%); 1979 (-26.5%) durante la guerra en contra del dictador Anastasio Somoza, y luego en los años 1985 (-4.1%) y 1988 (-12.4%), en plena guerra civil.
Ahora, en 2018, sin una actividad bélica, pero en plena efervescencia de los nicaragüenses en demanda de su libertad, la economía del país volvió a retroceder hasta quedar en un ingreso per cápita anual de 2,058 dólares, menos de la mitad del per cápita salvadoreño, cifrado en 4,189 dólares.
Aunque Nicaragua y El Salvador no tienen fronteras terrestres ni marítimas, la vinculación entre ambas economías se acerca a los 500 millones de dólares: los 367.5 millones en mercancías que los guanacos envían a los pinoleros, y los más de 100 millones que ellos envían de regreso.
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El problema es que la crisis no ha terminado. Si bien han cesado los reportes de muertes y heridos en las calles de ese país, el ambiente de militarización, censura periodística y detenciones arbitrarias de los ciudadanos, no es el mejor para el desarrollo de los negocios, como lo muestra la caída de los montos captados en concepto de inversión extranjera directa (IED).
Si entre 2014 y 2017, la IED había rondado los 900 millones de dólares (fue de casi 950 millones en 2015), los datos cortados al tercer trimestre de 2018 (último dato oficial disponible), reportan una caída del 25% en los montos recibidos por ese concepto.
La IED es una de las principales fuentes de recursos externos que recibe Nicaragua. Las otras son las remesas familiares que envían miles de nicaragüenses desde Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, España y Panamá; los préstamos y donaciones al Gobierno, así como la cada vez menor cooperación petrolera venezolana, que fue privatizada por la administración de Daniel Ortega.
Acuerdo político, o desastre económico
Si el año pasado fue así de malo, y el presente es tan sombrío, no hay razones para creer que el futuro de los nicaragüenses será mejor, en especial si no se alcanza el acuerdo político que el país pide a gritos, y la pareja presidencial se niega a iniciar.
“La confianza de los consumidores, empresarios e inversionistas, así como la seguridad ciudadana y la cohesión social, solo podrá restablecerse con acuerdos políticos que aseguren un cambio en el rumbo de Nicaragua”, que incluya liberación de presos políticos, una comisión de la verdad, respeto a los derechos constitucionales, y elecciones anticipadas, libres y honestas, dice Funides.
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Si ese escenario no se cumple, “la actividad económica podría contraerse entre 7 y 11 por ciento en 2019”, siempre y cuando no continúe el deterioro del sistema financiero, y no se apliquen sanciones internacionales que afecten la economía nicaragüense, porque en ese caso, la caída podría llegar a marcar -20%, según los cálculos del economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), con lo que se equipararìa a lo observado 40 años antes, en 1979.