Nota de Iván Olivares, corresponsal de El Diario de Hoy en Managua
El abogado Julio Montenegro y resto de juristas de la Comisión Permanente pro Derechos Humanos (CPDH), con sede en Managua, solo han logrado resultados positivos en 18 de los 180 casos en los que defienden a algunos de los centenares de presos políticos causados por el régimen de Daniel Ortega.
Pese a ese escaso récord de liberaciones, (10% de éxito) ninguno se entristece o avergüenza porque “el cometido se está logrando: que queden marcados en todos y cada uno de los expedientes, todas y cada una de las nulidades que estamos observando”, asevera Montenegro, en conversación exclusiva con El Diario de Hoy.
Desde que comenzaron los procesos, el equipo legal de la CPDH se impuso la meta de lograr que los casos sean anulables, y dejarlo plasmado de esa manera “por si se cierran todas las posibilidades locales, buscar alternativas en instancias internacionales”.
Su razón para operar así no es que el régimen tenga una montaña de pruebas en contra de sus defendidos, sino todo lo contrario: porque saben que no existen pruebas válidas para declararlos culpables, pero de todos modos los condenarán, “porque en este contexto no se puede hablar de una duda razonable, y esperar que el juez actúe de manera imparcial”, señala el letrado.
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La decisión del régimen Ortega Murillo de criminalizar por odio, las protestas cívicas que exigen la dimisión de la pareja que gobierna Nicaragua, hermanaron con la acusación de terroristas, a líderes campesinos, maratonistas aficionados, periodistas, militares retirados, promotores de derechos humanos, estudiantes universitarios y protestantes autoconvocados, entre otros.
“Nuestro propósito es conseguir las nulidades absolutas, porque la pretensión dentro de una litigación estratégica es que estos procesos se declaren nulos. No cabe hablar de amnistía, no cabe hablar de indultos”, adelantó.
El defensor recuerda que antes de acudir a una instancia internacional, se tienen que agotar los procedimientos internos del país: desde las audiencias iniciales al juicio oral y público, llegando a la apelación y casación para aquellos que resulten condenados.
“Hasta después se puede reclamar ante las instancias internacionales por la violación a los derechos y garantías de los procesados. El Artículo 46 de la Constitución establece que el Estado está obligado a respetar y hacer respetar” todos los acuerdos nacionales e internacionales que garantizan los derechos de los ciudadanos, argumentó.
¿Cómo torpedear una condena injusta?
A pesar de lo monumental de la tarea (llevan 180 casos –lo que ya es difícil- sin cobrar a las familias de los procesados); y del riesgo para su carrera, su seguridad y sus vidas, el equipo sigue adelante a pesar que tienen al sistema en su contra.
Las limitaciones, y hasta ilegalidades, comienzan con hechos tan simples como impedir que el abogado entre al complejo judicial donde se desarrolla el juicio, lo que se ha subsanado nombrando a un defensor interino, procediendo después a presentar un escrito en el que el defensor original recupera su estatus a petición de los acusados.
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En otras ocasiones, se limita la participación del abogado defensor en el proceso, tratando que solo se pronuncie acerca de la teoría del caso que presentó la Fiscalía, por lo que se ha visto obligado a pelear para lograr algo tan básico como tener el derecho de presentar su propia teoría del caso que se juzga.
Lo mismo ocurre cuando el juez rechaza las objeciones del defensor ante alguna improcedente pregunta de la Fiscalía, mientras acepta gustoso las que presenta el Ministerio Público, sin importar si en este caso la objeción en contra de la defensa fue bien o mal justificada.
El jurista refiere que en muchos casos les han eliminado todas las pruebas presentadas en descargo de los acusados; mientras en otros, las pruebas del fiscal se aceptan por adelantado, lo que dentro del gremio equivale a una condena anticipada.
Otra irregularidad ocurre cuando la parte acusadora presenta a los testigos, sin que la defensa sepa qué es lo que van a declarar, como en derecho corresponde.
El colmo es cuando llegan agentes policiales encubiertos a los que solo se identifica como ‘Código 1’, ‘Código 2’, etc., a leer lo que supuestamente es su testimonio, mientras se les proyecta en una pantalla, “mostrando que no conocen el contenido de esas indagaciones, sino que solo llegan a leer el documento que les presentan, lo que denota que podría ser que ni siquiera hubieran practicado las diligencias que describen”, dijo Montenegro.
Otras ilegalidades cometidas, son la captura por civiles armados, “lo que anula el procedimiento de allanamiento y captura”, así como la presentación tardía ante la autoridad judicial; la incorporación de prueba anticipada, o ser sustraídos de su lugar de residencia (aquellos que habitan fuera de Managua), para ser juzgados en la capital, lo que violenta el derecho constitucional de ser juzgado por su juez natural, y se convierte en una nulidad más.