La prensa vive los peores momentos de persecución y terror por parte del régimen de Daniel Ortega que ha recrudecido las acciones, al menos tres detenciones de periodistas y directores de medios denuncian diferentes espacios informativos de ese país, lo que ha valido la reacción inmediata de organismos internacionales de derechos humanos y asociaciones que velan por el respeto de libertad de expresión.
El dueño de una televisora crítica del Gobierno de Nicaragua fue detenido luego de ser engañado con una citación de una infracción administrativa, que al cancelar fue perseguido y detenido con violencia en su domicilio, la noche del viernes.
Se trata de Miguel Mora, propietario del canal de televisión 100 % noticias, que este sábado fue llevado ante las autoridades judiciales, luego de ser capturado por la Policía local, en medio de un allanamiento en su edificio.
También fueron allanadas las sedes de las organizaciones civiles y de derechos humanos Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), Fundación del Río, Fundación Popol Na, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Instituto para el Desarrollo y Democracia (IPADE), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh). A estas organizaciones, además del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia, se les canceló su personería jurídica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua”.
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Desde el estallido social de abril pasado, Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.