Misión de OEA dice que régimen de Ortega debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad

El grupo de expertos presentó ayer en Washington el informe que incomodó a Ortega y a Murillo, y que provocó la expulsión de la misión.

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Daniel Ortega presidente de Nicaragua.

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21 December 2018

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelado por la OEA (Organización de Estados Americanos), determinó en su informe presentado este viernes en Washington que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves durante la crisis en Nicaragua son responsabilidad de la Policía Nacional.

La misión de expertos expulsados el miércoles de Managua por parte del régimen de Daniel Ortega a solo horas de presentar su informe documentó las violaciones a derechos humanos que cometieron efectivos de forma directa y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales contra los manifestantes.

De acuerdo a una publicación del diario español El País, para el grupo de expertos “las conductas de Daniel Ortega, Rosario Murillo (su esposa y vicepresidenta) y algunos ministros y jefes policiales deben considerarse crímenes de lesa humanidad y ninguno de los señalados debería alcanzar nunca una amnistía”.

El medio indica que según el informe, la policía abrió fuego de forma sistemática contra la población y ha puesto en marcha una ola represiva que han incluido torturas y agresiones sexuales en las cárceles que deben ser juzgados como “crímenes de lesa humanidad”.

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“El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país (…) no se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales (…) sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, señala el informe citado por el periódico.

El documento de 400 páginas es el resultado de seis meses de trabajo en Nicaragua en contacto directo con las víctimas, con testimonios de testigos presenciales, con las familias afectadas, con organizaciones de derechos humanos y la revisión de miles de documentos y constantes consultas con expertos internacionales de diferentes disciplinas, añade la publicación.

Además, los expertos apuntan en su informe que el surgimiento de las protestas en abril no fue producto de acontecimientos aislados sino de años de prácticas que fueron coartando libertades, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en Ortega y Murillo.

“Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque”, señala el GIEI.

De acuerdo con los expertos, la estrategia represora no se limitó a la policía, sino que incluyó manipulación judicial y hasta despidos en centros de salud que atendieron a los jóvenes heridos.

“La Policía Nacional interviene controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tránsito, usando gases lacrimógenos, sin encabezar directamente la agresión, pero dejando que sucedan”, indica la misión de la OEA en el documento que cita El País.

Y resumen que la ola violenta dejó al menos 109 muertos, más de 1,400 heridos y 690 detenidos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Asimismo, apunta que la gran mayoría de las muertes que se dieron en esos 42 días fueron por disparo de arma de fuego durante cargas policiales y de grupos paraestatales.

Por su parte, Antonia Urrejola, relatora de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en Nicaragua, defendió en entrevista con El País la independencia de sus informes.

“Nuestras denuncias sobre derechos humanos incomodan a Nicaragua”, aseveró la experta, quien le recordó al gobierno de Ortega que si bien es un órgano de la OEA, es un órgano autónomo.

“Nosotros no recibimos instrucciones ni del Secretario general, ni de los estados miembros de la OEA. Tenemos autonomía completa. Lo más fácil es atacar nuestros informes y señalar que somos injerencistas o una plataforma de propaganda política, porque hemos denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y eso incomoda”, afirmó a El País.