El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) retó ayer al Gobierno a que demuestre los delitos por los que le canceló la personalidad jurídica la semana pasada, entre ellos “golpe de Estado”, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Retamos al Gobierno que demuestra en qué momento hemos hecho algo dentro del Cenidh, por el hecho que nos están imputando”, dijo la presidenta del organismo, Vilma Núñez.
La semana pasada la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica del Cenidh y de otras 8 ONG críticas del Gobierno, con el argumento de que incumplieron disposiciones legales.
Horas después del despojo de la legalidad, el Ministerio de Gobernación decomisó de forma sorpresiva los bienes de las ONG, entre ellas el Cenidh, y de un grupo de medios de comunicación que no estaba relacionado con la decisión del parlamento nicaragüense, sin que hasta ahora las autoridades brinden explicaciones.
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Núñez afirmó que, a pesar de que no existe confianza en el Ministerio Público, denunciará ante la Fiscalía al director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, por “imputaciones calumniosas”, que le valieron a la Asamblea Nacional para cancelar la personalidad jurídica de la ONG.
Entre las calumnias que alega el Cenidh está el no presentar los estados de cuenta, no realizar elecciones de junta directiva y participar en un “golpe de Estado”.
“El único que ha desbaratado este país es el Gobierno, que ha destruido todas las instituciones de Nicaragua”, sostuvo Núñez.
Más de ocho meses de crisis
Nicaragua atraviesa una crisis desde abril que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
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Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de “golpe de Estado”, pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.