La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por los sandinistas, canceló por decreto este miércoles la personalidad jurídica a cuatro organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las cuales son críticas al régimen de Daniel Ortega por la represión contra la oposición.
La mayoría sandinista y sus aliados votaron a favor de retirar la personalidad jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fundado en 1990, en base a un informe del Ministerio de Gobernación, dijo ante el pleno el titular del Poder Legislativo, el oficialista Gustavo Porras.
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Según el informe, la junta directiva del Cenidh, que preside Vilma Núñez, se encuentra vencida desde marzo pasado y no reportó su estado financiero en 2017. Además se señala al Cenidh de haber desnaturalizado los fines para el cual fue creado y que sus actuaciones “han sido totalmente parcializadas para un sector de la sociedad”.
Esa institución denunció que el Cenidh utilizó su esquema organizacional para otras fines, entre ellos el de gestionar fondos, “alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.
El Cenidh rechazó los razones de la Asamblea para cancelarles la personería.
Otra de las organizaciones canceladas es Hagamos Democracia, dirigida por el político Luciano García, quien vive en el exilio desde hace varios meses por una alegada “persecución” del Gobierno.
Se trata de la tercera ONG defensora de los derechos humanos o promoción social que es dejada al margen de la legalidad por la Asamblea sandinista en las últimas dos semanas, además del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
La Asamblea Nacional también ordenó la liquidación de los activos y bienes de Hagamos Democracia, o el decomiso a favor del Gobierno, en caso de que no esté preparada para el proceso.
El diputado sandinista José Figueroa justificó la decisión basado en que esa organización recibía financiamiento de Estados Unidos, recomendó un adelanto de elecciones y apoyó las protestas contra Ortega.
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La decisión de la bancada sandinista “atenta contra la Constitución”, dijo el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón.
“Sancionan políticamente a quienes no piensan como ellos. Pretenden desmantelar, como en efecto lo han hecho, la democracia en Nicaragua, quitar la personalidad jurídica lo que hace es profundizar la crisis”, agregó el diputado del PLC, Maximino Rodríguez.
El presidente del Partido Conservador de Nicaragua (PC), Alfredo César, consideró que detrás de la cancelación de los organismos está el anuncio de EE. UU. de conceder $4 millones para organizaciones civiles nicaragüenses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la decisión porque atenta contra la libertad de asociación.