Este martes el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de sanciones contra la dictadura del actual presidente nicaragüense Daniel Ortega, la Nicaraguan Investment Conditionaly Act, más conocida como Nica Act.
Con esta aprobación concluye el recorrido de lay por el Senado y el Congreso y está a un solo paso de convertirse en ley de sanciones dirigidas a corruptos y personas vinculadas a crimines en Nicaragua.
Está en las manos del presidente estadounidense Donald Trump para que dentro de un plazo de diez días firme la legislación y entre en vigencia.
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Sobre la Ley
La ley conocida como “Nica Act”, cuyos autores son los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, persigue que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros internacionales sean votados en contra por Estados Unidos, a menos que el gobierno de Ortega tome medidas para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes.
Gracias a mis colegas en la Cámara por pasar una vez mas mi #NICAAct. El Congreso de los #EEUU no permitirá q el despota d #Ortega continue con abusos y represión. Régimen deberá rendir cuentas. Ahora el proyecto espera la firma del Presidente! https://t.co/cCKnE4zEmr
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 11 de diciembre de 2018
Según el medio nicaragüense La Prensa, la Ley tiene como objetivo sancionar los crímenes del régimen de Daniel Ortega y serán sanciones individuales, nacionales y extranjeros que estén involucrados en la represión desde abril de este año.
Según economistas, esta Ley implica graves efectos sobre la economía del país centroamericano, ya que los préstamos que Nicaragua tiene aprobados con organismos multilaterales estarían en peligro.
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A finales de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos también anunció nuevas sanciones por la represión en Nicaragua contra la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y contra Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente, Daniel Ortega.
En la orden ejecutiva firmada por Trump se declaró a Nicaragua como una “amenaza para la seguridad nacional”.