El exfiscal general de la República, Luis Martínez, y el exjefe fiscal, Julio Arriaza, fueron enviados a prisión preventiva, mientras continúa el proceso judicial en su contra por el caso Operación Corruptela, según determinó este domingo el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, tras dar por finalizada la audiencia inicial.
El tribunal resolvió, además, que los otros 13 acusados en el caso sigan procesados en libertad, de los cuales solo dos permanecerán bajo medidas sustitutivas y deberán presentarse ante el juez cada ocho días. Estos últimos son Francesca de Martínez, esposa del exfiscal; y Mauricio Yanes, exgerente general de la Fiscalía.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Martínez seguirá detenido por 15 delitos, mientras que a Arriza le atribuyeron ocho.
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La jueza Nelly Pozas negó otorgar medidas contra el exfiscal Martínez porque tiene procesos abiertos en otros tribunales, pues enfrenta otras dos acusaciones en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, una de estas por supuestamente divulgar material reservado en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez.
En su defensa, el extitular de la FGR, dijo que por dos años ha sido sometido a “una cruel cárcel” y con las acusaciones de la Fiscalía se ha convertido en un “ciudadano maldito”.
Exfiscal Luis Martínez aseguró que, en 2016, cuando descubrió que la FGR lo investigaba, le pidió a su sucesor, Douglas Meléndez, que tuviera la “mínima cortesía” de dejarle aclararle algunas irregularidades pero no se le permitió.
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Durante la diligencia, los medios de comunicación no pudieron abordar a Martínez.
Según la investigación, Martínez encabezó una presunta red de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) que favoreció al expresidente Mauricio Funes y a Enrique Rais, prófugos de la justicia y reclamados en otros juzgados por diferentes delitos. Así ellos evitaron ser investigados.
El grupo de fiscales sostiene que existen indicios que el extitular del ministerio público cometió delitos como lavado de dinero, omisión de investigaciones y falsedad documental durante su gestión, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
De acuerdo con las indagaciones del caso, a través de dádivas de Funes y Rais, el exfiscal Martínez presuntamente lavó $1.2 millones y saldó deudas de $301,000 en los primeros meses en la FGR.
