Expansión

Solo El Salvador y Nicaragua carecen de Ley de Trámites Administrativos en la región

La iniciativa busca agilizar los trámites que las personas y empresas hacen ante diferentes instituciones del Estado, incluyendo alcaldías, ministerios y entidades autónomas.
Solo El Salvador y Nicaragua carecen de Ley de Trámites Administrativos en la región

Por Omar Cabrera

13 Noviembre, 2017

Es un área de la legislación en la que todos los países en Centroamérica, con excepción de Nicaragua, aventajan a El Salvador. Así lo aseguró ayer la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Dafne Sánchez de Muñoz.

Se trata de la Ley de Procedimientos Administrativos, que la cúpula empresarial volvió a impulsar ayer en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade).

Esta legislación busca agilizar los trámites y procedimientos que los privados realizan ante instituciones de la administración pública, y abarca un abanico tan amplio como la creación de nuevas empresas, los permisos de factibilidad de proyectos, y la extensión de solvencias como las de la Policía, por citar algunos ejemplos.

Una de las principales disposiciones de la normativa es la creación del “silencio administrativo positivo”. Esta figura señala que las instituciones y funcionarios del Estado tendrán plazos fatales para resolver, por ejemplo, solicitudes de permisos que presenten los ciudadanos o empresas, y si cumplido ese plazo no responden, la aprobación se produce de forma automática.

El proyecto de ley constituye una de las principales propuestas que ayer lanzó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La disposición evitaría, por ejemplo, lo que ocurre cuando una institución estatal no responde a una solicitud presentada por un particular o empresa, lo que deja al peticionario en una especie de “limbo”, sin poder completar su trámite y sin tener una herramienta para obligar al burócrata o institución a resolver, explicó el presidente de ANEP, Luis Cardenal.

Estrechamente unida con este proyecto legal, ANEP también propuso otra ley para transformar el actual Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) en una institución con suficientes dientes para hacer que se cumpla la primera.

En el país ya opera un OMR, que fue creado como parte de los acuerdos entre el Gobierno de Estados Unidos y el de El Salvador contenidos en Fomilenio II. Sin embargo, actualmente la institución cuenta con el respaldo de un decreto ejecutivo, y ANEP propone elevarlo a rango de decreto legislativo, entre otras medidas para que tenga autoridad real para exigir que efectivamente las instituciones públicas que agilicen los procesos administrativos.

ARENA apoya, el Gobierno tiene su propia versión

La diputada por el partido ARENA Margarita Escobar se comprometió ayer mismo a darle iniciativa de ley a los dos proyectos. Al participar en un foro que fue parte del Enade, la parlamentaria aseguró que impulsaría las iniciativas este mismo martes (hoy) en la Asamblea Legislativa.

Ningún diputado del FMLN participó en el foro, pero el Gobierno ha presentado a la Asamblea su propio proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos.

El director de Asuntos Económicos de ANEP, Waldo Jiménez, aseguró que los empresarios adversan el proyecto de ley del Ejecutivo porque éste incluye un capítulo que no tiene nada que ver con el espíritu de una iniciativa de este tipo.

Jiménez sostuvo que el proyecto oficial incluye lo que ANEP denomina “cobro exprés” de impuestos, que permitiría, por ejemplo, mandar a la cárcel al representante legal de una empresa basado en “indicios” del Ministerio de Hacienda de que esa empresa adeuda tributos.

Así las cosas, es previsible que la iniciativa de ANEP afrontará en la Asamblea la oposición de los diputados del FMLN, lo que podría entorpecer la aprobación de esta ley que ya tienen Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

13 Noviembre, 2017

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omar.cabrera


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