La propuesta que ha hecho el Gobierno de reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) es considerada, por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), como “un retroceso” a este marco legal que se aprobó en 2016 y que pretendía realizar un ajuste a largo plazo en las finanzas públicas, sobre todo para reducir el déficit y controlar el endeudamiento.
Estas reformas, presentadas el pasado septiembre por el ministerio de Hacienda, son una respuesta por el cambio del Sistema de Cuentas Nacionales, el cual determinó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es 10.8% más bajo y por lo tanto cambió la referencia de la producción nacional y los diferentes indicadores, lo que obligó a que se reformen 12 artículos de la LRF, de los cuales 10 experimentan cambios de fondo y de trascendencia, según Fusades.
“La propuesta de reforma va más allá de cambios que tienen que ver con el nuevo PIB, se están cambiando plazos y por razones diferentes a un desastre natural o a una crisis internacional las metas no serán cumplidas en 2019 lo cual afecta la confianza en la conducción fiscal del Gobierno”, dice la organización en su informe.
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La LRF de 2016 estableció tres años a partir de 2017 para implementar las medidas que resulten en una consolidación del gasto y los ingresos equivalente al menos 3 % del PIB por año, aunque la propuesta del Ministerio de Hacienda es sumar dos años más, algo que para Fusades conllevará que para 2021 la deuda sea de un 73% del PIB.
“Si se toman estas decisiones a pesar de la oportunidad que dio la reforma de pensiones para el fisco, la insostenibilidad continúa porque 2018 y 2019 siguen siendo años fiscales sin ajuste e introducir un 1% entre 2020 y 2021 no alcanza ni da garantías de sostenibilidad”, agrega Fusades en su informe económico de este mes.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que el panorama a largo plazo no ha cambiado y que en 10 años se logrará la sosteniblidad de las finanzas.
Pero un tema que llama la atención es que, según la ley vigente, el Gobierno no debe tener como deuda más del 45% del PIB, un tema donde buscan modificación para que sea el 50%, sin tomar en cuenta el 20% adicional que conlleva la deuda que generan las pensiones.
“En definitiva aprobar la reforma a la ley implica retrasar el ajuste, aumentar el techo de deuda y perder dos años, dejando para el nuevo gobierno el mayor peso del ajuste”, valora Fusades en el documento del estudio.
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Otro cambio que se ha propuesto en la reforma es el de la carga tributaria para realizar la consolidación fiscal, un parámetro donde se quiere llegar al 18.5% de tasa de recaudación en 2021.
Según el Ministerio de Hacienda la variación responde al nuevo sistema de cuentas nacionales.
“La magnitud del déficit fiscal por 3.7% del PIB, para el presupuesto de 2019 y la meta de deuda, por el orden de 70% del PIB, para 2022 no guardan coherencia, no hay relación entre los ingresos y los gastos y por lo tanto creemos que se deben seguir otros parámetros si queremos que la reforma sea oportuna”, plantea Fusades en su documento.
En la misma discusión la reforma propone que los gastos de consumo, entendidos por remuneraciones y bienes y servicios, no puedan exceder el 14 % del PIB a partir de 2021,que con la ley actual es del 18.5%, que también incluye intereses de deuda.
“De manera contraria, la propuesta deja sin control los renglones de los intereses y las transferencias corrientes, porque se establece como referencia a los gastos de consumo y solo toman en cuenta las remuneraciones y los bienes y servicios y no a los gastos corrientes de cada ejercicio, es un tema donde hay vacíos”, subraya Fusades.
Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han insistido, en los últimos estudios e informes sobre la economía nacional, que se debe de establecer un límite de endeudamiento inferior al 50% del PIB y no un 65% como está diseñado en el actual marco de LRF para que la economía salvadoreña tenga más variables para realizar un ajuste fiscal.
Según Hacienda, la recaudación de impuestos y contribuciones especiales dejará $4,832.8 millones en 2019, $136.6 millones más que en 2018.
Reformas que vayan en sintonía con el presupuesto general
El tanque de pensamiento también enfatiza en que para hacer reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal lo ideal era hacerlo antes de aprobar el presupuesto general de la nación para que exista un cumplimiento con los parámetros y se de más posibilidad de ajuste.
“Ante el recálculo del PIB, hubiera resultado más conveniente someter a discusión una reforma, con suficiente antelación, antes de presentar el presupuesto, ya que este debe someterse a la ley vigente y cumplir con los parámetros ahí definidos, lo mejor hubiera sido realizar primero la reforma y luego aprobar el presupuesto”, plantea Fusades.
Los otros cambios que propone el Gobierno a al Ley de Responsabilidad Fiscal son la publicación del saldo adeudado de requerimientos pendientes de pago de la Dirección General de Tesorería de Hacienda, pero no mensual, sino con un desfase de dos meses.
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También manda a incluir en el presupuesto el financiamiento para las actividades especiales, un rubro donde el Gobierno propone hacerlo pero después del año 2021 para evitar problemas de fondeo.
En anteproyecto de reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal ya está en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa pero su discusión se ha pospuesto para abordar el tema del presupuesto general de la nación del ejercicio 2019.
El ministro Fuentes llegó a inicios de mes a la Asamblea y consideró que las propuestas de reforma de ley no van a afectar las metas de largo plazo para las finanzas públicas.
Incluso dijo que si se siguen estos parámetros se reduce la posibilidad de volver a caer en un impago como el ocurrido en 2017 porque se contará con más liquidez para absorber la deuda y pagar las amortizaciones a tiempo.