Más de 9,343 salvadoreños que están próximos a jubilarse ya solicitaron el anticipo del 25 % de su saldo de pensión, uno de los beneficios más evidentes de la reforma previsional aprobada hace un año en la Asamblea Legislativa.
A la fecha, este anticipo ha representado una erogación de $54 millones que han sido pagados a través de las administradoras de fondos de pensiones.
El número de beneficiarios a la fecha representa el 16 % de los afiliados que cumplen con el requisito para solicitar este beneficio.
Desde este año pueden solicitar este anticipo los hombres que han cumplido 56 años y 51 las mujeres. En 2019 podrán retirarlo los hombres que hayan cumplido 54 años y las mujeres que tengan 49 años.
Además de este beneficio, se han pagado otros $68 millones en pensiones y otros $11 millones más en Certificados de Traspaso con el dinero de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), una bolsa común administrada por las AFP que se financia con un 5 % del 15 % que se descuenta a cada empleado para el ahorro de su jubilación.
Estos son solo algunos de los beneficios que los miembros de Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) destacaron ayer en una evaluación del primer año de ejecución de las reformas previsionales.
“La reforma ha garantizado la sostenibilidad del sistema de pensiones”, dijo René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) y parte de la ICP.
Banco Central de Reserva aprueba normas para devolver el saldo de pensiones a extranjeros
Pero la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que contenía la mayor parte de las propuestas que la ICP estructuró, no solo para solucionar el gasto gubernamental sino también atender las demandas de los ciudadanos, que quieren percibir más beneficios por sus ahorros.
Según datos de la ICP, en los primeros siete meses de este año el gasto público de las pensiones registró una disminución de $94.9 millones con respecto al año anterior.
A la fecha, los miembros de la ICP se mostraron satisfechos de lo que se ha logrado, pero también destacaron todo lo que hace falta por trabajar en los próximos meses.
Ricardo Soriano, presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) y parte de la ICP, dijo que esta ha sido una lucha de los trabajadores, que durante los últimos cinco años han luchado porque el Gobierno deje de meter mano en sus cuentas de ahorro y, por el contrario, se les pague una tasa de rentabilidad justa por prestar su dinero.
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Falta inversión
Pero aunque los afiliados al sistema previsional ya perciben algunos beneficios de la reforma, también han dejado de percibir otras que están asociadas al manejo del dinero.
Según el presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Miguel Ángel Simán, aún está pendiente la publicación de la normativa para que el dinero de los afiliados se invierta de una mejor manera y se logre un aumento en la rentabilidad de los ahorros, que llevaría a una mejor pensión cuando la persona se jubile.
También mencionó que no está lista una normativa para el ahorro voluntario, pese a que hay una gran oportunidad a través del envío de remesas.
Novellino espera que el Banco Central de Reserva apruebe estas normas a más tardar en noviembre de este año y, con eso, las AFP puedan invertir el dinero en títulos extranjeros o comprar bonos u otros instrumentos financieros para que el dinero ahorrado por los salvadoreños se multiplique.
Carlos Calleja a favor de hacer más reformas a las pensiones
Hasta hoy las reformas han garantizado una sostenibilidad del sistema, pero si en algún momento se llegan a modificar algunas de las variables, los resultados podrían distorsionar, de nuevo, las finanzas públicas.
Esta es la conclusión a la que llegaron dos consultores que analizaron lo que se ha logrado hasta hoy y lo que está por venir. “Se ha trazado el camino. Ahora solo queda seguirlo”, dijo Sebastián Ramírez, uno de los expertos que hizo una proyección de lo que podría ocurrir si no se sigue el plan como hasta hoy.
Una de las variables es el aumento a la pensión mínima, una alternativa que ya ha sido mencionada por los candidatos presidenciales para 2019 y que, de no ser aplicada correctamente, podría distorsionar la sostenibilidad del sistema.
Según Ramírez, se simuló que si la pensión se subiera a $300 ahora, los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria se acabarían en 2084, mucho antes de lo que podría mantenerse si no se hiciera así. Pero si a eso le sumamos otros factores como la poca formalidad, así como una menor rentabilidad de los fondos, esto se convertiría en “la tormenta perfecta”, que afectaría a las futuras generaciones.
Novellino recordó que, de acuerdo con las reformas, la pensión mínima tiene que revisarse cada tres años, por lo que cualquier promesa de aumentar la pensión mínima tendría que hacer proyecciones de las consecuencias a futuro.