Tras casi 18 años de vigencia, “el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela sólo ha significado un peso para la economía venezolana, muy distante de la promovida cooperación entre países que pretenden hacer las administraciones, primero, de Hugo Chávez, y ahora la de Nicolás Maduro”, consideró la periodista venezolana Maibort Petit en una de sus últimas Crónicas de Nueva York.
En su artículo “Convenio Cuba-Venezuela: Subsidio enmascarado bajo la figura de cooperación”, publicado en el portal de Venezuela al Día, la comunicadora acreditada en Estados Unidos destacó que el convenio suscrito en el año 2000 entre los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro “es en realidad el mecanismo de subsidio a la economía cubana por parte de Venezuela”.
Según el tratado, firmado el 30 de octubre del año 2000, ambas naciones se comprometieron a elaborar de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación; no obstante, para la investigadora solo ha sido “la fórmula mediante la cual la administración de los Castro inició su proceso de intromisión en los asuntos venezolanos hasta lograr su casi absoluto control”.
Petit recordó que el convenio establecía que Cuba prestaría los servicios y suministraría la tecnología y productos que estuvieran a su alcance para apoyar el amplio programa de desarrollo económico y social de Venezuela; y el gobierno venezolano debía pagar estos bienes y servicios en petróleo y sus derivados, en el valor equivalente a precio de mercado mundial, hasta por un total de 53,000 barriles diarios.
De esa manera, con el acuerdo, “mientras el gobierno venezolano debe suministrar petróleo y el pago del personal que la Cuba envía a Venezuela, la administración cubana se limita al suministro de profesionales y técnicos que, como ya hemos apuntado igualmente es pagado por Venezuela y no gratuito como se pretende hacer creer en razón de que así lo establece el convenio”, criticó la periodista.
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Petit insistió en que, aunque las autoridades lo nieguen, el intercambio de profesionales de salud, entrenadores deportivos y maestros cubanos a cambio de petróleo y derivados “pasó a ser un subsidio venezolano sin retorno”.
Los 53,000 barriles de crudo y derivados de petróleo diarios que podía solicitar Cuba (a través de las empresas Cupet y Cubametales) gracias al convenio, debían ser presentados en un programa trimestral a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y las ventas serían a base de un esquema de financiamiento mixto de corto y largo plazo; es decir, a precios preferenciales.
“En pocas palabras, si se pagan $15 por barril de petróleo, Cuba podrá financiar el 5 por ciento, mientras que si paga $30 por barril de crudo, el financiamiento será del 25 por ciento”, detalló el artículo.
Considerando tanto que el suministro de más de medio millón de barriles de petróleo a Cuba es superior al que reciben otros países centroamericanos y caribeños; como la crisis que atraviesa actualmente la nación suramericana, incluyendo la baja en la producción petrolera, la comunicadora catalogó como “un peso insostenible” lo que este convenio se ha convertido para Venezuela.
Petit detalló, por ejemplo, que el gobierno bolivariano “ha llegado al extremo de importar crudo a otros países para cumplir con el compromiso adquirido con la isla, aunque esto signifique pérdidas para la nación”; mientras que por otra parte, como “el convenio no advierte que el petróleo a precio preferencial sea para consumo interno (...) en caso de sobreabastecimiento, Cuba podría vender el crudo excedente a precios internacionales”.
En ese sentido, la reportera residente en el estado de Nueva York, recalcó que “las inconvenientes condiciones del convenio para Venezuela son un ejemplo más la estrategia parasitaria cubana de supervivencia del régimen castrista y de su economía”.
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La periodista recordó que a lo largo de estos casi 18 años, el convenio ha tenido dos adendas.
La primera fue en agosto de 2001 en la que se suprimió la figura del trueque y los servicios profesionales suministrados por Cuba pasaron a ser cancelados con cargo a los presupuestos de los organismos del estado venezolano.
La segunda fue en junio de 2004. En la modificación se acordó crear una comisión mixta integrada por representantes de ambos gobiernos para buscar un mecanismo para el cumplimiento y seguimiento de las acciones de cooperación previstas por las partes en el convenio.
La comisión revisó el programa de trabajo para 2007 y se aprobaron 353 proyectos por más de $1,487 millones en 26 sectores de la economía de ambos países.