La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ha provocado que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esté afrontando dificultades en la ejecución de proyectos este año en el país, según confirmó el organismo multilateral a través de una consulta realizada por el periódico La Prensa.
Asimismo, el organismo señaló que pese a la situación que vive Nicaragua, el país sigue siendo miembro pleno del BID y aclaró que dicha entidad seguirá el mandato de sus 48 países miembros, que son los responsables de la conducción de las operaciones de la multilateral, incluyendo las aprobaciones de préstamos, afirma la publicación.
“Aunque los hechos ocurridos en Nicaragua en meses recientes han complicado y demorado la ejecución de varios proyectos financiados con recursos del BID, el país sigue siendo un miembro de pleno derecho del Banco. El BID cumplirá con las decisiones tomadas por sus países miembros, a través de sus representantes en la institución”, respondió el organismo.
También mencionó que el BID ha adoptado salvaguardas específicas para asegurar que no se violen ciertos estándares internacionales en sus préstamos y operaciones.
Las salvaguardas están relacionadas con medioambiente, gestión de riesgo de desastres naturales, reasentamiento involuntario, pueblos indígenas, igualdad de género y acceso a la información.
No se meten en asuntos políticos, dice el BID “De acuerdo con su Convenio Constitutivo, el Banco no interviene en los asuntos políticos de ningún país miembro”, afirmó el BID en una consulta enviada por LA PRENSA sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y su impacto en la aprobación de préstamos por parte del directorio.
La agencia de calificadora de riesgo Fitch Ratings advirtió que “las preocupaciones de derechos humanos podrían obstaculizar el acceso de Nicaragua a los prestamistas multilaterales”. La agencia le rebajó la nota a Nicaragua (de B+ a B) y la puso en perspectiva negativa.
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En ochenta días de crisis sociopolítica, el Gobierno ha desatado una fuerte represión contra los civiles desarmados que exigen la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que han gobernado con mano de hierro el país durante diez años. La represión ha provocado la muerte de más de trescientos nicaragüenses, decenas de desaparecidos, miles de heridos, invasión masiva de tierras, saqueos, entre otros.
La Prensa también consultó sobre el tema al Banco Mundial (BM), que a través de un correo notificó que no tenían ningún comentario al respecto.
El BM es uno de los organismos más activos en el financiamiento del gasto de inversión del Gobierno de Nicaragua, junto con el BID y el Banco de Integración Económica Centroamericana (BCIE).
A criterio de Edmundo Jarquín, exfuncionario del BID, este organismo multilateral al formar parte del Sistema Interamericano los temas de democracia y derechos humanos deberían “formar parte de sus consideraciones a la hora de aprobar préstamos”.
“Pero, como todas las otras instituciones financieras multilaterales, (estas) hasta ahora han formado parte de la valoración positiva de la estabilidad política de Nicaragua, haciéndose de la vista gorda que era una estabilidad autoritaria, con represión selectiva, que ignoraban, sin Estado de Derecho, que también ignoraban, hasta que esa estabilidad autoritaria derivó a represión masiva y sangrienta”, dijo Jarquín.